SEGÚN UN FALLO DE LA C MARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL

Si la empresa da un usuario y contraseña, no puede revisar el mail de los empleados

En una causa penal, se desecharon correos electrónicos como prueba de que hubo negociaciones a espaldas de la empresa de dos empleados supuestamente infieles

La Cámara en lo Criminal y Correccional falló que las empresas no pueden revisar los correos electrónicos de sus empleados, porque al otorgarles un usuario y contraseña, les han reconocido un ámbito de privacidad.
En el caso "Gotlib, Rodolfo Saúl y otros", los titulares de una reconocida marca de indumentaria femenina querellaron a dos de sus empleados en orden al delito de administración fraudulenta. La querella alegó que los empleados tuvieron a su cargo las tratativas para la conclusión de un negocio con una firma extranjera, que luego cerraron en provecho propio. Como prueba de la acusación, acompañaron impresiones de los correos electrónicos que los imputados enviaron al extranjero desde sus cuentas laborales, comentaron Gustavo P. Giay, Andres OFarrell y Andrea Zanusso Chávez, de Marval, OFarrell y Mairal.


La defensa planteó la nulidad de la incorporación de los correos electrónicos aportados por la querella, por considerar que el acceso a sus cuentas por parte del empleador violó la garantía constitucional de privacidad de la correspondencia.


El juez de primera instancia declaró inadmisibles como prueba de cargo a los correos electrónicos obtenidos por el empleador, y tras la apelación de la querella, la Cámara confirmó la decisión.


La Cámara sostuvo que los correos electrónicos se encuentran alcanzados por la garantía de inviolabilidad de la correspondencia, sin importar que el empleador sea el proveedor de la cuenta. Así, destacó que desde el momento en que se asigna al empleado un usuario y una clave personal de ingreso, estas comunicaciones abandonan el estado público y pasan a gozar de protección constitucional.


Por otra parte, la Cámara restó importancia a la existencia de un código de ética advirtiendo a los empleados que sus comunicaciones podían ser monitoreadas. En este sentido, consideró que su suscripción no refleja el consentimiento libre y espontáneo del empleado y, por lo por tanto, no habilita la revisión de sus correos.


En el fallo el juez Luis María Bunge Campos, opinó que "cabe preguntarse si el empleador tiene autorizado la intromisión en las cuentas de correo electrónicas, que como parte de la actividad laboral proveyera al empleado, y valerse del producto de esa intromisión para formular una denuncia, sin que ello resienta la garantía de inviolabilidad de la correspondencia" de la Constitución Nacional.


Y agregó: "considero que no tiene relevancia quien sea el proveedor de la cuenta de correo electrónico, pues toda vez que se les asigna un usuario y una clave personal de ingreso, abandona el estado público y lo convierte en privado, impidiendo que los mensajes obtenidos a través de la intervención en el servidor del dominio pueda, al menos como se plantea en el caso, constituir prueba en contra de alguno de los propietarios del mensaje; es decir, de su remitente o su destinatario; pues ello no está permitido, incluso, en el ordenamiento civil".


El juez Jorge Luis Rimondi votó en disidencia, y al desempatar, la jueza Mirta López González, adhirió al voto de Bunge Campos. Aseveró que "pese a que los mails fueron provistos por el empleador, la circunstancia de habérseles asignado a cada uno de los imputados un usuario y contraseña, implica reconocer en ello un ámbito de privacidad que no puede ser objeto de intromisión sin los recaudos legales pertinentes, de forma tal de respetar la manda constitucional que obliga al Estado y a los particulares a no invadir la privacidad que deriva del derecho a estar solo (to be let alone) del que goza todo ciudadano".

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