¿Se aplicará el mínimo a las pequeñas empresas que también comercien bienes?

Las micro y pequeñas empresas podrán exportar servicios con un mínimo no imponible pero los especialistas se preguntan qué pasará si la misma empresa también comercia o industrializa otra clase de bienes.

Los especialistas plantean dudas de cómo se aplicará el mínimo no imponible de u$s 600.000 para micro y pequeñas empresas que exporten servicios cuando estas compañías, además se dediquen a otro actividad como el comercio y la industria.

Las micro y pequeñas empresas comenzarán a tributar los derechos sobre el monto de exportaciones de prestaciones de servicios que en el año calendario exceda la suma acumulada de u$s 600.000.

Esto implica, explicó Ezequiel Passarelli, que cuando exporten u$s 601.000, pagarán la retención de 12% con un techo de $ 4 por $ 1000.

Sebastián M. Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, recordó por su parte los límites de facturación para el sector servicios vigentes para la micro empresa, que es de $ 5,8 millones y para la pequeña compañía que es $ 34,6 millones.

Domínguez se preguntó ¿si se dedican al comercio pueden encuadrar como pequeña facturando $ 100 millones?

En estos casos, ¿también gozarán del beneficio de no tributar los derechos sobre el monto de exportaciones de prestaciones de servicios que en el año calendario exceda la suma acumulada de u$s 600.000?

El Decreto1201/2018 no hace ninguna mención a esta situación pero como faculta al Ministerio de Producción y Trabajo a dictar las normas necesarias para la aplicación de esta disposición, seguramente lo aclarará esa cartera, opinó Domínguez.

¿Cuáles son las operaciones alcanzadas por los derechos?, se preguntó Domínguez, y respondió:

De acuerdo al inciso c) del apartado 2 del artículo 10 del. Código Aduanero, se dispuso que las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior sean consideradas como si se tratara de mercaderías.

Es decir, que las operaciones alcanzadas son las prestaciones de servicios realizadas en el país, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

El Decreto, en su artículo 3, las define como cualquier locación y prestación realizada en el país a título oneroso y sin relación de dependencia, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, entendiéndose por tal a la utilización inmediata o al primer acto de disposición por parte del prestatario.

Respecto de la utilización inmediata o primer acto de disposición, el Decreto adopta el mismo criterio que fuera incorporado a la Ley del IVA por la reforma tributaria.

Es decir, para el IVA, la definición ha sido establecida por Ley y para los derechos de exportación, mediante un Decreto del Poder Ejecutivo.

Por ejemplo, si una empresa argentina presta en Argentina un servicio de programación de software en el país para un cliente del exterior que utilizará dicho software en su país, dicha operación quedará alcanzada por los derechos de exportación.

En cambio, si una empresa Argentina envía empleados al exterior para prestar servicios a un cliente que no está en Argentina, esos servicios serán prestados en el exterior con utilización o explotación efectiva en el exterior, motivo por el cual no deberán tributar derechos de exportación.

Ahora bien, para solucionar estas diversas interpretaciones que pueden surgir y luego de años de controversias, la Ley de reforma tributaria incorporó un párrafo al Artículo 1º de la Ley del IVA.

Esa cláusula define que se considera que existe utilización o explotación efectiva en la jurisdicción en que se verifique la utilización inmediata o el primer acto de disposición del servicio por parte del prestatario aun cuando, de corresponder, este último lo destine para su consumo.

Sin embargo, el Código Aduanero no tienen una definición similar y la Ley del IVA no resulta de aplicación supletoria al mismo. 

En consecuencia, se presentarán situaciones donde los contribuyentes sostendrán que los servicios prestados no son exportaciones de servicios y donde el Fisco entienda que si.

Sería conveniente que se modifique el Código Aduanero adoptando la definición de utilización o explotación efectiva de la Ley del IVA, opinó Domínguez.

¿Cómo se realiza el cálculo?, explicó Domínguez;

El derecho se calcula aplicando el 12% sobre el valor de la exportación de servicios que estará habitualmente pactado en moneda extranjera.

El valor determinado, se debe convertir a pesos conforme el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior a que corresponda declarar la operación.

Si los derechos no superan los $ 4, deberán mantenerse en moneda extranjera y se convertirán a pesos al tipo de cambio del día hábil anterior al del pago.

En cambio, si los derechos superan los $ 4, entonces se aplica ese límite y la deuda para los exportaciones de servicios ya queda determinada en pesos.

¿Cómo se pagan los derechos de exportación?

Se deberá presentar una declaración jurada, pero aún no se saben los detalles, a la espera de que la AFIP emita la correspondiente Resolución General y disponga el aplicativo al que seguramente se ingresará vía CUIT y Clave Fiscal y será completamente online (y no mediante el uso del sistema Siap), indicó Passarelli.

El Decreto establece que se considera fecha de registro a aquella en la que corresponda realizar la citada declaración.

Plazo para el Pago 
  • Exportadores que, en el año anterior, exportaron más de u$s 2 millones deberán pagarlo dentro de los 15 días hábiles correspondientes al mes siguiente al de su facturación. Es decir, si la exportación se factura en enero, tendrán 15 días hábiles desde el 1 de febrero para pagarlo, explicó Passarelli. 

Domínguez agregó que esto implica que los exportadores más grandes muchas veces tendrán que pagar las retenciones antes de haber cobrado la exportación al cliente.

  • Exportadores que, en el año anterior, exportaron menos de u$s 2 millones: a los mencionados 15 días hábiles posteriores al mes en que se facturó, se le agregan 45 días corridos (hábiles y no hábiles) para pagarlo. En definitiva, tendrán aproximadamente 70 días corridos (15 días hábiles y 45 corridos) a partir del mes siguiente en que se facturó, para pagar las retenciones, añadió Passarelli.

¿Se podrán considerar las cancelaciones, ajustes de precios, descuentos, etc.?, dijo Domínguez

Si. Las cancelaciones, anulaciones, ajustes de precios, descuentos o similares, deberán considerarse para el cálculo de los derechos previstos en esta norma al tipo de cambio considerado para las operaciones involucradas. Las mismas deben estar debidamente documentadas.

¿Qué sucede con las exportaciones de servicios realizadas el 1 de enero de 2019?

El Decreto establece que tiene entra en vigencia el 1 de enero de 2019 y surtirá efecto para las operaciones que sean prestadas y facturadas a partir de esa fecha, incluyendo las prestaciones que se realicen desde esta última y correspondan a contratos u operaciones que se hubieran iniciado con anterioridad.

Para Passarelli están alcanzadas todas las ventas externas desde el 1 de febrero y para Domínguez, como el decreto no puede tener efecto retroactivo, las concretadas desde el 2 de enero, fecha de publicación. Pero esto último ya fue rechazado respecto de varios decretos.

Para Domínguez, además, al utilizar la conjunción copulativa "y", establece que se deben dar las dos condiciones: deben estar prestadas "y" facturadas a partir del 1 de enero de 2019. En consecuencia, las operaciones facturadas antes del 1 de enero de 2019, aún cuando correspondan a prestaciones posteriores a esa fecha, no cumplirían esta condición.

En otro orden Passarelli señaló que imponer a los servicios una retención de $ 4 es estar tratándolo no sólo como mercaderías sino directamente como productos no elaborados, ya que los productos que pasaron por algún proceso que les sumó valor agregado sólo pagan derechos de exportación de $ 3.

Tags relacionados