Revés en el CIADI: habrá que pagar u$s 320 millones por Aerolíneas Argentinas

El conflicto se remonta a 2008, cuando el entonces gobierno kirchnerista tomó el control de la compañía y envió al Congreso un proyecto para declararla de interés público.

Once años después de la expropiación de Aerolineas Argentinas a la española Marsans, Argentina deberá pagar u$s 320 millones, tras perder el juicio que se había sustanciado en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial

"La solicitud de anulación de Argentina es rechazada", informó el diario La Nación, que tuvo acceso al fallo, y añadió que "la Argentina sufragará la totalidad de los costos del procedimiento y les pagará a las demandantes la suma de u$s 1.017.512 en concepto de costos de representación; y todas las demás pretensiones son desestimadas". 

El 17 de noviembre de 2017 Argentina había elevado ante el CIADI un pedido de nulidad del arbitraje presentado el 21 de julio de ese año ("Teinver S.A., Transportes de Cercani as S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. c. Repu blica Argentina" (Caso CIADI N° ARB/09/1), bajo el argumento de que el tribunal se había extralimitado en sus facultades, que además se había quebrantado de forma grave una norma fundamental de procedimiento y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se basa el fallo. En ese momento, por la expropiación de la compañía se fijó un monto de u$s 320,7 millones.

Tras constituirse un Comité ad hoc para analizar el pedido de anulación, se expidió el pasado 23 de abril, declarando "cerrado el procedimiento de acuerdo con las Reglasde Arbitraje 38 (1) y 53 del Ciadi. Según la defensa argentina, aún hay pendiente un último recurso de revisión que podría presentarse. 

El conflicto se remonta a 2008, cuando el entonces gobierno kirchnerista tomó el control de la compañía y envió al Congreso un proyecto para declararla de interés público. La ley facultó al Ministerio de Planificación para impulsar la iniciativa, que finalmente fue sancionada por ambas cámaras del Congreso, con amplia mayoría del oficialismo.

Más tarde se solicitó al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos de la aerolínea de bandera. Como resultado del estudio, se llegó a un valor negativo de u$s 832 millones, un valor que estaba muy lejos de las pretensiones de Marsans, según las cuales el grupo de compañías valía u$s 600 millones. Ante la dificultad de ambas partes de lograr un acuerdo, al poco tiempo de la estatización comenzó el juicio. El Estado nacional hizo un depósito simbólico de un peso y se quedó con la empresa.

Entre los fundamentos esgrimidos por la Argentina para solicitar oportunamente la nulidad del proceso, se mencionan: 

a) Que las compani as demandantes no habi an realizado inversio n alguna en Argentina, porque no eran ellas las que teni an participacio n accionaria en Aeroli neas Argentinas y Austral, razo n por la que no eran inversores protegidos bajo el tratado bilateral de inversio n entre Argentina y Espana.

b) Que el primer beneficiario del Laudo seri a el fondo Burford Capital Limited, en virtud de un acuerdo de financiamiento celebrado entre las compani as demandantes y ese fondo.

c) Que los abogados del estudio juri dico King & Spalding habi an dejado de tener poder para representar a las compani as demandantes luego de la liquidacio n de esas compani as en sus procesos concursales en Espana.

d) Que Air Comet habi a desviado los fondos recibidos de la sociedad estatal espanola SEPI al adquirir las acciones en Interinvest, que debi an ser utilizados en beneficio de Aeroli neas Argentinas y Austral.

e) Que las compani as demandantes no podi an reclamar en el arbitraje por un incumplimiento de un acuerdo de julio de 2008 entre el entonces Secretario de Transporte Ricardo Jaime e Interinvest, refrendado por el entonces Ministro de Planificacio n Julio De Vido, relativo a un proceso de compraventa de las acciones en Aeroli neas Argentinas y Austral.

f) Que el Tribunal se contradijo gravemente al afirmar que era necesario realizar una valuacio n por un tercero independiente y luego establecer la indemnizacio n u nicamente con la valuacio n parcial de Credit Suisse, quien era el valuador de las demandantes.

El país transitó el proceso de defensa con argumentos difíciles de probar. En varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa como cuando más allá de la relación directa que tiene AA con el mundo aeronáutico del país, ésta era un empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público.

Además, a poco de iniciarse las audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, liderada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi al fondo Burford Capital, que es el mismo que litiga en el caso contra YPF.

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