Provincias definen camino para que Nación frene pago a cuentas de coparticipables

Los ministros de Economía y los fiscales de las provincias definen este mediodía la estrategia a implementar si el Ejecutivo nacional mantiene los beneficios en los tributos que no se coparticipan con los distritos subnacionales.

Los ministros y fiscales de las provincias se encontraban reunidos este mediodía luego de que el Gobierno hizo oídos sordos a una resolución de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) de no utilizar recursos de impuestos no coparticipables a cuenta de otros que sí lo son, y que por ende, afecta la distribución de la recaudación.

Las 23 provincias más la Ciudad Autónoma reunidas en el CFI le advirtieron la semana pasada a la Nación que es ilegal tomar impuestos no coparticipables a cuenta de otros que sí lo son.

Y ayer mismo, el Ejecutivo nacional publicó un decreto en donde se adelantó la baja de contribuciones patronales prevista para 2022 por la reforma impositiva.

Se aplicará en su totalidad desde el 1° de agosto a pesar de que debía tomarse sólo de a 20% por año entre 2018 y esa fecha. El decreto fue firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros de Producción, Dante Sica, de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Hacienda, Hernán Lacunza.

"Esto es justo lo que se estableció que no se podía hacer. Parece que no le prestan atención al CFI a pesar que es vinculante la resolución. Esto se tratará en la próxima reunión y abre la puerta a que las provincias puedan presentar demandas judiciales al respecto", explicó un ministro provincial que sigue de cerca el tema.

Parte de la discusión respecto de la judicialización que las provincias podrían llevar adelante comenzaba a discutirse este mediodía en las oficinas porteñas del CFI.

Hay 15 fiscales de estado provinciales que están a la espera de ver el camino que tomará la Corte Suprema de Justicia respecto al pedido de audiencia que hizo el gobierno nacional para buscar una salida a las cautelares que frenó la quita de recursos coparticipables vía la rebaja del Impuesto al Valor Agregado y a Ganancias.

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