Presupuesto 2021: uno de cada diez pesos se destinará a inversión en obra pública

El proyecto enviado por Cafiero y Guzmán al Congreso prevé erogar más de $ 842.600 millones en un plan plurianual de inversiones. El transporte vial, las obras sanitarias, ambientales y habitacionales explicarán más de la mitad del gasto.

Si el Congreso le da el visto bueno, el Estado nacional gastará el 10% de su Presupuesto en 2021 a un ambicioso plan de infraestructura con el que juega un pleno para generar un efecto contagio en el mercado mediante la inyección de dinero y así revertir la senda contractiva de la economía, con el riesgo asumido de ampliar el déficit fiscal.

Según se desprende del proyecto que entre gallos y medianoche llegó el martes 15 al Congreso, la Administración Pública espera erogar $ 842.642 millones en gastos de capital, que representa prácticamente una décima parte de los $ 8,3 billones que pide el Ejecutivo para gobernar en 2021. Esa participación asciende al 12% si se la compara con los recursos tributarios que prevé generar, por $ 6,9 billones, lo que lleva el déficit primario a $ 1,4 billones. 

En las planillas anexas de la previsión de gastos y recursos, el gabinete de Alberto Fernández planifica "una fuerte reactivación de la inversión de capital en todas las áreas estratégicas". En efecto, la inversión sube a 2,2% del Producto, el doble de lo invertido en 2019 para solventar 6562 proyectos de un total de 7818 carpetas que giraron por varias dependencias hasta contar con la aprobación del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de gabiente, Santiago Cafiero.

A partir de esta motorización de la construcción por parte del Estado, el Gobierno aspira a recuperar niveles de empleo que vienen en caída desde febrero como consecuencia del parate que significó la cuarentena decretada para mitigar la propagación del coronavirus, y a partir de esta recuperación de salarios, acompañada por precios de insumos estables en este sector mediante el programa de Precios Cuidados en la Construcción y el precio relativamente bajo (medido en dólares), aprovechar su efecto multiplicador en otros sectores.    

El comando estratégico de esta incursión estará montado en el Ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis. El intendente de San Martín -en uso de licencia- manejará un presupuesto de más de $ 290.000 millones, que representan aproximadamente el 35% de la plata que se espera volcar.

Katopodis, vocero de los intendentes del Conurbano en el gabinete albertista,  repartirá el dinero a través del programa Argentina Hace, con el que ya está ejecutando más de 200 obras en 2300 municipios del país, con mano de obra que ponen los alcaldes. 

Desde la cartera de Obras Públicas se impulsarán obras para mejorar las condiciones básicas de la población en términos de acceso a servicios básicos de agua, gas y cloacas, en los que intervienen empresas y entes dependientes como Enhosa y Aysa. También se contemplan obras de transporte vial, proyectos de mejora del acceso al agua, a redes
cloacales y ambientales.

El segundo con más dinero a repartir es el ministro de Transporte, Mario Meoni. Su cartera proyecta gastar $ 141.162 millones (17% del total) para potenciar, ante todo, la red ferroviaria, donde se espera comprar 200 nuevos coches para la Línea Roca, readecuar y electrificar el Ferrocarril San Martín; modernizar el tren Mitre y la Línea Belgrano Norte. Una vez más, el soterramiento del Sarmiento está en carpeta.

La tercera billetera más engrosada del gabinete la tendrá la ministra de Hábitat y Desarrollo Territorial, María Eugenia Bielsa, aunque una tajada estará bajo la supervisión de los movimientos sociales, que manejan el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). 

En esta repartición se proyectan inversiones por $ 116.939 millones (14% del total) para fondear el sistema de créditos del Plan Procrear, llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura, saneamiento, conectividad y equipamiento urbano en barrios populares y "acciones requeridas para la regularización de suelo" en asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), adonde van destinados los fondos del FISU.

El resto de las partidas para obra pública se reparten en Educación, con obras para la mejora edilicia por $ 66.425 millones, y en la Secretaría de Energía, dependiente del ministerio de Economía, por  $ 58.122.140. En el despacho del neuquino Darío Martínez, prometen retomar la construcción de las represeas hidroeléctricas Cóndor Cliff y La Barrancosa en Santa Cruz, culminar el Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y elevar el ritmo de transferencias a municipios para obras eléctricas.

En el ministerio de Desarrollo Productivo, donde manda Matías Kulfas, también proyectan profundizar las acciones
asociadas al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y al Fondo de Garantías Argentino (FoGar) para facilitar el acceso al financiamiento productivo en sectores estratégicos con potencial exportar. Este objetivo será financiado en forma parcial a través un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por u$s 500 millones.

Asimismo, la cartera de Defensa espera avanzar con el reaquipamiento de las Fuerzas Armadas a partir del dinero que fue depositándose a su cuenta a través del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que se nutre del 0,4% de los ingresos corriente del Estado para la compra de armamento.

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