Preocupación en la Justicia porteña porque el pase de la fuerza se hizo sin los jueces que la controlan

Mientras que las administraciones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta aceleraron el traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires, para la transferencia de la Justicia se ponen un horizonte de dos años, ya que los inconvenientes son enormes. Sin embargo, en el máximo nivel del Poder Judicial de CABA ven con preocupación que esa fuerza de seguridad siga controlada por jueces de "distinto color", o sea, que son nombrados y removidos por otro nivel de Gobierno. Creen que esto "puede traer problemas".


De todos modos, el traspaso de las causas de competencia ordinaria que tramitan en el fuero Criminal y Correccional nacional es el más sencillo. Aunque el hecho de que deba prevalecer el Código Penal de la ciudad puede tener alguna resistencia por parte de los magistrados.


Esta diferenciación entre causas de competencia ordinaria y otras que seguirán siendo nacionales, que habrá que hacer también en los fueros Civil, Comercial y del Trabajo, responde a comentarios de los jueces de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda en el fallo Corrales del 9 de diciembre pasado, donde dieron nuevo impulso al pase a la ciudad de "las competencias de la justicia nacional ordinaria que no son federales".


Así, en el fuero Civil, quedarán en juzgados de nivel nacional que no pasarán a la ciudad las causas en que intervenga la Inspección General de Justicia (IGJ), y por lo tanto, las elecciones en los clubes de fútbol o la AFA, por ejemplo.


En lo Comercial, causas con la IGJ, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros seguirán siendo nacionales. En el fuero del Trabajo, también el control sobre los actos de la cartera laboral.
Para hacer la transferencia, es necesario definir si se hace con los jueces y el personal, y por lo tanto con los recursos para pagarles los sueldos, o no.


En el máximo nivel de la Justicia porteña entienden que sería conveniente que se traspasaran juzgados completos, con sus edificios y su gente, aunque algunos juzgados queden para las causas que no se transfieren. Mantener al personal, indican, serviría para "evitar cambios de doctrina" en beneficio de los litigantes.


Pero hoy los sueldos y otros gastos de los jueces y empleados de fueros nacionales los pagan la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura nacional, para lo que cuentan por ley con un porcentaje de la recaudación. Parece difícil que se desprendan de ingresos sin una norma del Congreso que así lo mande. Otra posibilidad, en opinión de la alta magistratura porteña, es que la Nación incremente los fondos que coparticipa a la ciudad.


Además, habrá que equiparar salarios, ya que los de la Justicia de la ciudad hoy son inferiores a los nacionales.
Por otra parte, los juzgados nacionales con competencias ordinarias están diezmados, y si Macri nombra jueces, en lugar de hacerlo la Legislatura de CABA, estaría incumpliendo no sólo su compromiso electoral, afirman en la cúpula judicial porteña, sino el artículo 129 de la Constitución nacional, que dice que "la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción".

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