Tras la fuerte polémica, el Gobierno dio marcha atrás con su plan para controlar todo el sistema de salud

Lo comunicó el Ministerio de Salud tras iniciar una ronda de encuentros con representantes de clínicas, sanatorios y prepagas. Mediante una resolución se fiscalizará a diario las necesidades de camas y la disponibilidad para atenderlas.  

Después de una extensa mañana llena de polémica y reclamos, el Gobierno decidió dar  marcha atrás con su plan de avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para declarar a todo el sistema de salud de interés público. La medida, que había sido anticipada al Congreso por el ministro Ginés González García, desató un fuerte malestar entre prepagas, clínicas, sanatorios y obras sociales sindicales. Desde los gremios juzgaron la medida como un intento de “expropiación de los servicios de salud que no dependen del Estado, e iniciaron una gestión directa ante el presidente Alberto Fernández, con quien se comunicaron telefónicamente en las últimas horas para pedirle que suspendiera el decreto al advertirle que podría colapsar todo el sistema sanitario.

Como correlato de esas gestiones, el Ejecutivo decidió volver sobre sus pasos y en encuentros que el Ministro de Salud mantuvo con representantes de las empresas de medicina privada, obras sociales, clínicas y sanatorios, se comunicó la marcha atrás con el DNU y su reemplazo por una resolución ministerial. Esa medida, según trascendió de fuentes gubernamentales, implica la conformación de una mesa de seguimiento de la pandemia para evaluar a diario las necesidades y disponibilidad de camas para internaciones en terapia intensiva. "La intención es tener un registro lo más rápido posible para dar una respuesta sin demora", confiaron desde el sector sanitario.

La marcha atrás con el decreto, sin embargo, generó ruidos puertas adentro de la Casa Rosada, donde algunas voces volvieron a deslizar fuertes críticas contra González García por anuncia medidas que, según afirmaron esas fuentes, no estaban totalmente consensuadas con el jefe de Estado.

La primer reunión del ministro de Salud se concretó poco después del mediodía con dirigentes de Confeclisa, Acami, Adecra, Fecliba y Ademp. Luego repitio la gestión con autoridades de distintas obras sociales con "el fin de avanzar en la coordinación entre el sector público y privado para dar una respuesta integral ante el  aumento del número de casos de COVID-19 que se espera para el mes de mayo", indicó un comunicado oficial de la cartera sanitaria. Y añadió que las autoridades sanitarias plantearon la necesidad de coordinar esfuerzos del sector privado con cada una de las jurisdicciones para poder hacer frente a la sobredemanda de camas críticas que se estima serán necesarias.

“La histórica diferencia entre los subsectores y la falta de coordinación debe ser superada por las necesidades del país y circunstancias actuales. Juntos y coordinados con todo el apoyo del Estado nacional para todos vamos a tener mejores resultados , señaló González García. Y añadió: “Es necesario que junto con la coordinación de entidades científicas, expertos y gobiernos, también estemos coordinados los que brindamos servicios públicos y privados en todo el país y para toda la población .

Las declaraciones del ministro marcaron una revisión respecto al sentido de la exposición que ofreció ayer durante una teleconferencia con los miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde anticipó el polémico DNU para declarar de interés público a todo recurso sanitario. "No vamos a discutir propiedad, podrá ser estatal o privado, pero creemos que tiene que tener un comportamiento igualitario para cada argentino, que se administre por jurisdicción", habia expresado entonces el ministro. A partir de la cuestionada iniciativa el Gobierno podría pasar a controlar todos los insumos críticos de la estructura sanitaria, como camas y respiradores, pero también para extender la atención a todo tipo de prestaciones.

La bronca desde las obras sociales sindicales contra la medida no tardó en llegar. “Declarar de uso público a todos los sistemas es un esquema de expropiación directamente de los servicios, termina siendo la expropiación de un bien, y no estamos en una situación de emergencia como para avanzar tanto , confió a El Cronista uno de los referentes de la conducción de la central obrera.

En la misma línea, otro gremialista indicó que tuvieron esta semana un encuentro con el ministro de Salud, a quien le advirtieron los efectos de poner en marcha una medida de esas características. “Si tenemos que poner a disposición de Salud nuestras camas no tendremos donde internar a nuestros afiliados con otras patologías aún más graves porque también habría lugar en los hospitales. Es un tema muy complicado como para definirlo así con un decreto , añadió.

Entre los gremios que administran prestadoras de salud reconocen, en cambio, la importancia de instrumentar un registro de camas de alta complejidad y de esa forma evitar cualquier inconveniente por falta de capacidad de atención. “Está claro que lo que no puede haber de ninguna manera es disponibilidad para algunos y no para otros , afirmaron entre la dirigencia sindical. Pero aseguran que actualmente no se registra ese problema porque hay disponibilidad suficiente de camas en clínicas y sanatorios.

 

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