LOS FISCALES VIERON IRREGULARIDADES A TRAVÉS DE VIALIDAD NACIONAL EN SANTA CRUZ

Piden llevar a juicio oral a Cristina, Báez y De Vido por fraude en la obra pública

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron este lunes que la senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, en perjuicio del Estado nacional.

El pedido fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y todo indica que antes de fin de año el caso pasaría a un Tribunal Oral Federal.

Los fiscales incluyeron en la solicitud al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Carlos Santiago Kirchner; al ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y a Martín Báez.

"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de $ 46.000 millones", sostuvieron los fiscales en el requerimiento. En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Además, señalaron que los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre, empresa de Báez, eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de hoteles. "Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional utilizaron la propia burocracia para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Báez", subrayaron los fiscales.

Según indicaron, el 80% de la obra pública en esa provincia quedó en poder de ese empresario, quien además fue beneficiado con la falta de control sobre el avance de las obras y el adelantamiento de los pagos. A su vez, atribuyeron a la ex presidenta la "dirección, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción en la obra pública vial que venía desarrollándose desde la presidencia de Néstor Kirchner y de la que había participado en la ideación y conformación junto con aquél, posibilitando que en forma periódica y constante se continuaran sustrayendo fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado nacional".

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