Petroleras le reclaman $ 3500 millones a distribuidoras de gas y advierten por el suministro del servicio en hogares

Las productoras del fluido le enviaron una carta a la Secretaría de Energía para que las apure a pagar. Desde la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos afirman que esto complicaría el normal servicio a particulares.

La cuarentena obligatoria y la caída de ingresos de las empresas y la población en su conjunto es el escenario de una nueva batalla entre las productoras de gas y las distribuidoras, con una cadena de pagos rota.

Las petroleras (YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy, Compañía General de Combustibles -CGC-, Wintershall y Pampa Energía, entre otras) empezaron a expresar su malestar por haber cobrado apenas un 10% de los casi $ 4000 millones que le facturaron a las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea) por el gas entregado en enero, que vencieron el 6 de abril.

De hecho, este jueves la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) envió una carta al subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, en la que reiteran  su "preocupación" por el "flagrante incumplimiento de pago" por parte de las prestadoras del servicio público de distribución de gas natural en sus contratos de suministro.

"Pese a haber sido intimadas en numerosas oportunidades, las distribuidoras se niegan a cumplir cabalmente con sus obligaciones de pago. Es más, ni siquiera presentan una propuesta de cancelación de las obligaciones", denunciaron en la misiva las petroleras, con la firma de Manuel José García Mansilla, director Ejecutivo de la CEPH y abogado especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario.

 

 

Nota CEPH SGE ENARGAS MDP -... by Santiago Spaltro on Scribd

 

 

La recaudación de las distribuidoras de gas empezó a mejorar hasta un 25% en el caso de Camuzzi Gas Pampeana a partir del 9 de abril hasta esta semana, según informó el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), por las mayores opciones ofrecidas para hacer pagos electrónicos y la reapertura de locales de Rapipago y Pago Fácil.

La comunicación del organismo que conduce su interventor, Federico Bernal, encendió las alarmas de las productoras, que señalaron que el 6 de abril había vencido la factura por el gas de enero, cancelada en ínfimas proporciones.

Mientras la cobrabilidad de las distribuidoras a sus más de 8 millones de usuarios residenciales de gas natural por redes se acercaría a un 40%, apenas cancelaron menos del 10% en promedio de sus compras de gas.

Desde la Asociación de Distribuidoras de Gas (ADIGAS) apuntaron que la recaudación mejoró desde un piso, ya que desde que empezó el aislamiento social obligatorio el 20 de marzo había caído hasta un 75% (Naturgy, que opera en el norte y el oeste del Gran Buenos Aires, fue la más perjudicada).

El cierre de lugares presenciales de cobro, con una incidencia de entre 57% y 84% en la facturación de las distribuidoras, y la mala comunicación oficial sobre los usuarios incluidos en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 311/2020, sobre la abstención del corte de servicios de energía eléctrica y gas por falta de pago generaron una bomba en el sector, ya que hubo miles de usuarios que no abonaron por falta de ingresos o porque aprovecharon que igual no les iban a cortar el gas y aquellos que sí quisieron cancelar sus boletas no lo pudieron hacer de forma presencial.

Con todo, las petroleras alertaron que el 6 de mayo (dentro de dos semanas) vence la factura de febrero, otro mes de verano, en el que el consumo de gas es exiguo.

Antes de ingresar a los meses de invierno, cuando la demanda de gas natural por parte de los hogares se quintuplica, desde el sector productor aseguran que en estas condiciones no existe viabilidad económica para el suministro.

Como contó El Cronistalos contratos de provisión se vencieron el 31 de marzo y el Gobierno reaccionó tarde para extenderlos por tres meses, en medio de la pandemia de Covid-19 (coronavirus).

La pelea interna entre albertistas (bajo el ala del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas) y cristinistas (que intervinieron los entes reguladores de la energía eléctrica, el gas y lideran la ex Enarsa) puso en riesgo el suministro en la Patagonia, ya que la ex Enarsa había dejado de vender gas subsidiado para Camuzzi Gas del Sur.

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