Peña reveló resultados del plan de empleo del Gobierno con McDonalds

En mayo del año pasado, en el marco del Plan Primer Empleo, el Gobierno firmó un acuerdo con Arcos Dorados para facilitar el entrenamiento y la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Hablaban de 5000 oportunidades. 

El acuerdo entre el Gobierno y McDonalds firmado en mayo del año pasado que procuraba dar "oportunidades de empleo" a 5000 jóvenes generó a lo largo de casi todo su año de funcionamiento que 670 ingresaran al programa de formación y 155 fueron formalmente contratados luego de su entrenamiento.

El acuerdo, de un año de duración, aseguraba un proceso de prueba de 30 horas semanales para cada participante con un sueldo mensual de $ 4500, de los cuales $ 1000 fueron aportados por el Gobierno. 

Tras su vencimiento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue consultado en el Congreso sobre los resultados del acuerdo.

"No consideramos de ninguna manera que el convenio haya fracasado. Eran 5000 oportunidades, y que 670 jóvenes se hayan formado y que 155 se hayan incorporado en la empresa formalmente es una buena noticia", afirmó ante los legisladores en su más reciente informe de gestión.

El proceso de prueba consistía en "prácticas formativas y reales en un ámbito de trabajo efectivo" y brindaba a los beneficiarios, además del sueldo mensual de $ 4500, una cobertura de salud provista por la Obra Social Elevar y un certificado de entrenamiento laboral.

El jefe de Gabinete ratificó que el Gobierno pagó a cada participante de manera directa $ 1000 por mes durante el semestre que duró la prueba. "No se subsidió a Arcos Dorados", aclaró.

Y agregó: "Este tipo de convenios procura maximizar las oportunidades para los más de 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan en el país."

Peña sostuvo que la retribución por parte del Estado "no correspondía a un salario" dado que el programa no constituía una relación laboral. "Los jóvenes inscriptos no eran técnicamente contratados, sino que eran participantes de un programa de empleo", afirmó.

El acuerdo se colocó en el ojo de la tormenta tras su rúbrica debido a las variadas críticas desde la oposición e incluso diputados del peronismo y gremialistas llevaron sus denuncias a la Justicia con el argumento de que el acuerdo representaba "un paso hacia la precarización laboral".

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