Nueva ofensiva del Gobierno contra los sindicalistas: deberán presentar sus DD.JJ.

En clave electoral, el Ejecutivo ahora presenta el proyecto de Ley de Ética Pública. El texto incluye a los dirigentes sindicales entre quienes deben presentar declaraciones juradas; aborda el nombramiento de familiares y los conflictos de interés. 

En línea con lo que fue el discurso del presidente Mauricio Macri durante la inauguración del período de sesiones ordinarias de ambas cámaras y con lo que se prevé que será el fuerte de su campaña presidencial, el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ética Pública, que propone una reforma integral de la normativa vigente.

En un año electoral, la presentación del proyecto de Ley de Ética Pública se inscribe en el marco de una campaña que hará foco en tres cuestiones: Seguridad, Justicia y Corrupción. La semana pasada, el propio Gobierno había hecho llegar un anteproyecto para la creación de un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Otro de los temas que había mencionado el propio Macri en el discurso inaugural. 

Así es que el proyecto incluye la ampliación de quienes deberán presentar declaraciones juradas, entre otros, a dirigentes sindicales, así como también aborda el nombramiento de familiares en organismos públicos e incluso aparecen un tema que tocó muy de cerca al Gobierno: los conflictos de interés

"La presente Ley establece los principios, reglas, deberes y prohibiciones que rigen la ética en el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional", dice el artículo 1 del proyecto de ley que lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano. 

La redacción del texto estuvo coordinada por la Oficina Anticorrupción (OA), que lidera Laura Alonso, contó con la participación de varias áreas del Poder Ejecutivo, especialistas, legisladores, representantes de la sociedad civil, del Poder Judicial y del Ministerio Público y del Consejo de la Magistratura, además de haber tenido la asistencia técnica del Banco Mundial y la OCDE.

Novedades

"Entre las modificaciones principales, se prevé la existencia un formulario único y electrónico para  todos los poderes del Estado y el control anual obligatorio de las declaraciones juradas a fin de detectar posibles aumentos patrimoniales injustificados y situaciones de conflictos de intereses" destacaron desde la Oficina Anticorrupción.

Al mismo tiempo, señalan que se extiende la obligación de presentar declaración jurada para quienes integren los órganos directivos y de administración de las asociaciones sindicales; quienes integren los cuerpos colegiados de dirección y administración de las obras sociales; los miembros de partidos políticos y candidatos a desempeñar cargos para cuya designación la ley requiera la intervención de alguna de las Cámaras del Congreso o de sus comisiones. 

Por otra parte, el proyecto propone la regulación integral de los conflictos de intereses, además de deberes y prohibiciones adicionales para los funcionarios de más jerarquía. Un ejemplo que destacan de la OA es la regulación de las participaciones societarias de los funcionarios con jerarquía de subsecretario o superior.

Otra novedad que incluye el proyecto es que establece el deber para los diputados y senadores de informar los intereses privados que tuvieran en relación a los proyectos en los que intervendrán.

Así como también, se le dará rango legislativo a normas que ya están vigentes, como la prohibición para el presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y funcionarios con rango y jerarquía equivalente designar parientes hasta el 2° grado.

Además, el texto incluye una prohibición similar para secretarios, subsecretarios (o funcionarios con rango y jerarquía equivalente), así como también a las máximas autoridades de entes descentralizados, senadores, diputados, auditores generales de la Nación, defensor del pueblo y magistrados y secretarios del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Otras novedad que destacaron desde la OA tiene que ver con la inclusión de la prohibición de designaciones recíprocas y de supervisar directamente a los familiares ya mencionados. Así como también la prohibición de recibir obsequios con motivo o en ocasión del desempeño de las funciones, salvo que se trate de regalos de cortesía o costumbre diplomática.

La prohibición se extiende a los obsequios recibidos por el cónyuge, conviviente o los hijos menores de los funcionarios de más alta jerarquía en todos los poderes del Estado. Y, a esto se le suma la creación de un registro público y digital de obsequios y viajes financiados por terceros.

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