Nación lleva a juicio a la Ciudad por la venta de terrenos que le cedió Macri antes de dejar el poder

Ante la decisión del Gobierno porteño de avanzar con la venta de tierras públicas en medio de la pandemia de coronavirus, el Estado nacional presentó dos amparos en la Justicia para detener las ventas hasta tanto culmine una investigación instruida por el presidente Alberto Fernández acerca de la legalidad de los actos que llevaron a esos terrenos a pasar de la órbita federal a la Ciudad.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)  se presentó en Tribunales para demandar la eventual enajenación de unos lotes en Villa Crespo, que la Legislatura porteña se apresta a rezonificar para permitir que en ellas se construyan torres de hasta 45 metros de altura, y otro baldío de 5800 metros cuadrados situado a metros de la autipista Illia, muy cerca del complejo ferial Costa Salguero.

El primero de los amparos tiene que ver con no alterar la situación de hecho o de derecho de unos terrenos conocidos como "Estación Villa Crespo", linderos al ferrocarril San Martín, el club Atlanta y el estadio Movistar Arena, al que los vecinos de ese barrio se opusieron fervientemente.

En noviembre de 2018, el precio de estos predios rondaba los $ 162,4 millones, según el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En caso de aprobarse su rezonificación, el valor de estos 3900 metros cuadrados aumentaría exponencialmente por las mejoras que hubo alrededor del Movistar Arena.

El otro litigio que impulsa el Gobierno nacional se originó ante la sospecha de que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta prepara la subasta de un terreno ubicado en la intersección de la calle Jerónimo Salguero con la autopista Arturo Illia. Este triángulo actualmente funciona un estacionamiento al que recurren viajeros que van hacia el Aeroparque o la terminal de cruceros del puerto para dejar sus vehículos.

La Ciudad, en tanto, dijo no haber acusado recibo formal de las demandas. Aunque advertidos de la disputa judicial en marcha, el procurador general, Gabriel Astarloa, fue convocado este miércoles a la sede gubernamental de Parque Patricios para definir una estrategia a seguir.

En febrero, Alberto Fernández instruyó a la AABE para que revise la legalidad de los procesos que derivaron en la cesión, desafectación, asignación en uso o dación en pago de inmuebles del Estado nacional a la Ciudad durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, ante la sospecha de que en carios casos se podría haber incurrido en "hechos o actos ilícitos". El decreto que cristalizó esta orden estableció un período de 60 días que venció a mediados de abril. Pero la Nación insiste en que rige aún el tiempo de auditoría por la suspensión de los plazos administrativos hasta el próximo 24 de mayo.

Las razones que argumentan desde la Casa Rosada para impugnar los procesos refieren a que la transferencia de 31 inmuebles valuados en $ 16.000 millones estaban vinculadas a la obra del Paseo del Bajo, cuando este proyecto ya contaba con u$s 400 millones de financiamiento del banco de desarrollo regional CAF. 

En noviembre de 2018, para acelerar la parte final de la obra, la Ciudad suscribió un convenio con la  AABE y el Ministerio de Transporte donde la capital respondería  como deudor frente al Estado Nacional por u$s 175 millones, y en contrapatida, la AABE le transfería una docena de terrenos fiscales por un valor similar.

La puja entre Nación y Ciudad, ahora gobernadas por espacios políticos de signo distinto, se mediatizó enseguida y se coló en otra negociación abierta para reducir el índice de Coparticipación que reciben los porteños. Todo eso quedó en suspenso por la pandemia, pero la urgencia financiera de la Ciudad motivó los cambios que ahora se pretenden legislar.