El gobernador de Mendoza dio marcha atrás con la ley de minería

Después de los reclamos de la semana pasada, el gobierno mendocino decidió dar marcha atrás con la reforma de la ley 7722. Rodolfo Suárez convocó al diálogo a diferentes sectores para que se llegue a un consenso y no descartó llamar a una consulta popular.

El gobierno de Rodolfo Suárez decidió dar marcha atrás con la reforma de la ley 7722, que protegía los recursos hídricos de la provincia. Lo hizo este mediodía mediante una conferencia de prensa, en la que anunció que no reglamentará la ley luego de las protestas que generó.

“No voy a reglamentar la ley. Vamos a hacer una gran convocatoria al diálogo , anunció el gobernador.

La modificación de la ley 7722 había sido una de sus promesas de su campaña y contó con un amplio consenso político. De hecho, el gobernador radical consiguió el apoyo del PJ mendocino. De esa forma logró que la legislatura provincial apruebe rápidamente la modificación de la norma, tanto en Diputados como en el Senado.

Incluso, Suárez se había reunido en la Casa Rosada con Alberto Fernández. Allí, por más que no lo reconoció públicamente, el presidente dio el visto bueno para que se avance.

El objetivo de la nueva ley, según explicó, era generar puestos de trabajo en una provincia con un 40% de pobreza. Pero tampoco descuidó el tema ambiental. "Es mentira que porque hay una explotación minera inmediatamente hay contaminación", afirmó Suárez, de manera taxativa.

En esa línea, comparó el agua utilizada por la industria vitivinícola con la eventual explotación minera. "En una finca de 70 hectáreas se usan 150 litros de agua por segundo, y puede generar 5 empleos al año. Con esa misma cantidad de agua, en un circuito cerrado y alejado de cualquier cuenca, la minería puede generar 3500 puestos de trabajo", detalló.

El gobernador agregó que convocarán a un diálogo "con todos los que quieran venir a dialogar", como universidades, cámaras empresariales, sindicatos, arzobispado, partidos políticos, y organismos internacionales. Y aclaró que él mismo estará presente en esos debates.

Igualmente, sostuvo que si no se llega a un acuerdo abre la posibilidad a la realización de "una consulta popular obligatoria y vinculante", para escuchar "a las mayorías silenciosas", aunque confesó que no desea llegar a esa instancia.

A partir de la sanción de la nueva ley 9209, la semana pasada comenzaron a replicarse protestas en distintos puntos de la provincia. El viernes se había aprobado la modificación de la ley 7722 en la legislatura y el fin de semana comenzaron los reclamos. Hubo quienes partieron caminando desde San Carlos, 100 kilómetros al sur de la capital provincial.

El lunes por la mañana fue la concentración masiva, frente a la Casa de Gobierno. Primero se produjo de forma pacífica, con miles de manifestantes. Pero por la tarde comenzaron los disturbios, que dejaron heridos y detenidos. Hubo piedrazos de un lado y gases lacrimógenos y represión del otro.

La modificación que se votó permitía el uso de sustancias químicas, como cianuro y ácido sulfúrico. Los reclamos populares se basaban en la contaminación que estas sustancias podían causar en el agua de la provincia. Según la visión del gobernador, esto no sucederá, ya que el agua se utilizará en circuitos cerrados, en cuencas endorreicas, por lo que no contaminará el agua que llega a la gente.

A continuación, la conferencia de prensa en la que realizó al anuncio.

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