Madura el nuevo paquete de ayuda a trabajadores independientes

Se analizan medidas para trabajadores autónomos y monotributistas de las categorías C y D. El objetivo es sostener la cadena de pagos, mejorar el perfil crediticio y asistirlos en momentos de baja actividad.

Dos cosas quedaron en claro en las últimas semanas en la posición del Gobierno respecto de la pandemia de COVID-19 y su impacto en el país.

Por un lado, que la prioridad absoluta según la mirada presidencial, la tiene la salud por sobre la economía.

Por otro, la asistencia a las empresas o sectores más comprometidos en un contexto de casi absoluta inactividad y nulos ingresos, se va decidiendo paso a paso, "regulando" la acción gubernamental de acuerdo a la evolución de los hechos.

Sin medias tintas lo expresó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en recientes declaraciones periodísticas. "No es lo mismo pensar un programa de asistencia del Estado para una cuarentena de 15 días que para un escenario como el que afrontamos ahora, con todo el mes de abril con muy baja actividad".

Y explicó: "Por eso, primero dispusimos las condiciones para que los bancos prestaran a las PyME para el pago de los salarios de marzo y luego establecimos que el Estado haga un aporte directo para que las empresas paguen los sueldos de abril" (ver página 10).

Éste es el mismo razonamiento utilizado para otorgar $ 10.000 de ayuda como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) primero a trabajadores informales, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías más bajas (A y B).

Pero como toda ayuda resulta escasa en un contexto de parálisis como el actual, ahora el Gobierno ve necesario ampliar el universo de perceptores del beneficio. Kulfas confirmó que se "trabaja en la implementación de medidas adicionales para sectores de profesionales, autónomos o monotributistas de categorías C y D para que sean incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)".

Por estas horas se está definiendo la modalidad que tendría la ayuda, e incluso no se descarta que podría ser un aporte en dinero contante y sonante, combinado con algún tipo de asistencia financiera a tasas semejantes a las que se otorgaron para las pequeñas y medianas empresas (24% anual) y hasta algunos puntos menos.

Otro tema que se está analizando en detalle en despachos oficiales es el costo fiscal que tiene la asistencia, en un escenario de fuerte reducción de la recaudación. E incluso el costo inflacionario, producto de la importante emisión que implicó el paquete ya otorgado en la primera etapa de la asistencia.

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