Los nuevos jueces deberán mostrar su patrimonio y no tener deudas con AFIP

Un decreto de Macri elevó los requisitos para la selección de jueces con el fin de elevar los estándares de las evaluaciones de los nuevos magistrados. 

El gobierno nacional aumentó los requerimientos para la selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los jueces federales, entre los que se destaca que los aspirantes deberán mostrar su patrimonio y no tener deudas con la AFIP.

La presentación incluirá un detalle de la situación patrimonial de los postulantes, detectando irregularidades o inconsistencias, según indica el Decreto 491/2018, publicado hoy en el Boletín Oficial.

“Proponemos un análisis más profundo, para saber si hay inconsistencias. Si el día de mañana hay sospechas, vamos a tener una radiografía de los jueces, con sus bienes, sus propiedades y sus consumos y el Presidente tendrá un panorama exhaustivo y claro a la hora de elegir qué candidato de la terna nomina , resaltó el ministro de Justicia, Germán Garavano.

De esta forma, el candidato deberá prestar conformidad para que la AFIP elabore el informe, que será reservado y sólo podrá ser utilizado para la consideración de los antecedentes por parte del Poder Ejecutivo.

La norma modifica el artículo 8 del Decreto 222/2003, por el cual hasta hoy sólo se requería información sobre el "cumplimiento de las obligaciones impositivas" de las personas eventualmente propuestas, en el marco del procedimiento de preselección de candidatos para la cobertura de vacantes en el máximo tribunal.

Asimismo, el Ministerio de Justicia podrá realizar consultas a organismos especializados sobre las declaraciones juradas y la información brindada por la AFIP.

Los candidatos ternados, a su vez, presentarán otra declaración que indique la nómina de asociaciones civiles y sociedades comerciales que hayan integrado en los últimos ocho años, los estudios de abogados a los que hubieren pertenecido, y la nómina de clientes o contratistas durante al menos ese lapso.

En la misma línea, deberán indicar cualquier tipo de compromiso o actividades propias o de sus familiares que pudieran afectar su imparcialidad de criterio.

Por otra parte, el Gobierno busca cambiar la Ley del Consejo de la Magistratura, para lograr una mayor publicidad, transparencia y control ciudadano de los concursos, implementando la transmisión online de las distintas instancias, con exámenes exclusivamente orales.

Las reformas impulsadas procuran mejorar la formación y capacitación de los magistrados, por lo que prevé requerir a los aspirantes, a los jueces elegidos y a los magistrados en funciones al menos 40 horas de capacitación obligatoria anual.  

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