La pesada herencia judicial: las provincias suman juicios por $ 300.000 millones contra Nación

Una de las ideas madres de la concepción política de Cambiemos era la de bajar la litigiosidad contra el Estado. Esa fue una de las premisas del Consenso Fiscal firmado a finales de 2017 y que tuvo como corolario que en agosto de 2018 la Corte Suprema de Justicia cerrara las diferentes causas que habían entablado quince provincias contra el Estado Nacional por reclamos impositivos y de transferencias de ingresos que sumaban reclamos por 740.000 millones de pesos.

Un año más tarde, el Máximo Tribunal sigue recibiendo demandas contra el Estado nacional como consecuencia de diferentes medidas que tomó la administración Cambiemos y que repercutió en el reparto de fondos para las provincias. Así, un año más tarde que el Estado sólo le quedaran demandas con San Luis y con La Pampa, ahora suma una veintena de causas judiciales por problemas que la política y la administración económica que llevó adelante Mauricio Macri  no pudieron resolver.

La semana pasada la Corte recibió la autorización para comenzar a tratar las demandas presentadas por quince provincias respecto de la medida de reducción de IVA, Ganancias y el congelamiento del valor del crudo que dispuso la Casa Rosada hasta diciembre próximo y que significa una caída en ingresos coparticipables y, en el caso de las petroleras Neuquén, Río Negro y La Pampa, que verán afectados sus ingresos por regalías, la reducción de la actividad y el riesgo de las inversiones.

En total reclaman alrededor de $ 40.000 millones y la cifra podría aumentar si se suman municipios que, en cascada, también pierden fondos vía la coparticipación.

Pero la pesada herencia judicial no sólo está compuesta por estas denuncias. Esta semana se presentará ante la Corte nuevamente la provincia de San Juan que reclama $ 880 millones impagos de Vialidad Nacional. Y no es la única que reclama pagos atrasados. 

En la misma línea se encuentra Santa Fe que firmó el Consenso bajo el acuerdo de encontrar una forma de pago en donde el Estado nacional cancele una deuda con la provincia de $ 80.000 millones, algo que hasta ahora no sucedió.

En 2017 con la firma del Consenso Fiscal se "limpiaron" demandas contra el Estado por $ 740.000 millones

Lo mismo le sucede a San Luis y La Pampa que no firmaron el Consenso Fiscal. En el caso de la administración de Alberto Rodríguez Saa reclama una deuda de $ 16.000 millones por coparticipación retenida entre 2006 y 2015 para financiar a la Anses y la AFIP. Frente a la negativa de pago la provincia puntana está estudiando embargar a la Nación por esta deuda. Por el lado de La Pampa -que suscribió el pacto pero nunca lo envió a la legislatura provincial para que sea ratificado- encaró un juicio de ejecución de sentencia por $ 2100 millones acumulada también por una detracción ilegal de su coparticipación.

En los últimos meses las provincias sumaron demandas contra el estado por alrededor $ 300.000 millones

Por último, un grupo de provincias está a la espera que se cumpla el plazo establecido por la Corte de 90 días para encontrar una solución a la demanda por el Fondo Sojero que eliminó el Gobierno y por el que Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Chubut reclaman u$s 1500 millones.