La Justicia porteña declaró inconstitucional el protocolo del Ministerio de Seguridad sobre uso de armas

Tras los cuestionamientos que despertó la medida, el magistrado porteño Roberto Gallardo decretó inaplicable la norma sobre el uso de armas de fuego de las fuerzas de seguridad.

La resolución del Ministerio de Seguridad que permite a los agentes de las fuerzas de seguridad federales usar armas letales frente al delito, sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión previa, sigue generando polémica.

A las críticas de Elisa Carrió, una de las referentes de la coalición oficialista, se sumó la decisión en las últimas horas del juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, quien declaró inconstitucional la decisión que modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales.

El magistrado le ordenó, además, a la administración de Horacio Rodríguez Larreta que no se adhiera al reglamento policial.

El magistrado hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI) y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.

#Urgente Hoy presentamos amparo para que no se aplique la resolución de Bullrich. El Juez Gallardo acaba de conceder la cautelar y decretar inconstitucionalidad e inaplicabilidad en la Ciudad de Buenos Aires de ese reglamento que legaliza el gatillo fácil.

— Myriam Bregman (@myriambregman) 5 de diciembre de 2018

En la presentación, las mencionadas efectuaron un un pedido de nulidad de la Resolución 956/2018, dispuesta por la cartera que conduce Patricia Bullrich.

"Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM", sostuvo Bregman.

En su demanda, las representantes de organismos de derechos humanos indicaron que "la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales", por lo que solicitaron "con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la norma, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución".

Para las demandantes, según publicó La Izquierda Diario, la resolución "afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional".

Y añadieron: "Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas".

El protocolo sobre el uso de armas de fuego generó fuertes críticas de la oposición y aliados al gobierno de Cambiemos. "Este reglamento busca convalidar prácticas policiales contrarias a los estándares y acuerdos internacionales", dijo Gabriel Fuks, defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad.

El fallo
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