La Legislatura votará la exención del ABL para los comercios

Se trata de la primera medida de peso que el gobierno porteño ha desarrollado para llevar alivio económico al sector. Desde Fecoba estiman que podrían desaparecer el 20% de los locales del distrito.

Con la estimación de que 20% de los comercios podrían cerrar definitivamente producto de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires se apresta a aprobar la exención por dos meses del pago del ABL para los locales en la sesión que llevará a cabo mañana la Legislatura porteña. Se trata de la primera y única medida de peso que el distrito ha desarrollado para llevar alivio económico al sector. 

A partir de un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo porteño, se propone dejar "sin efecto la obligación de pago de las cuotas mensuales del Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros, de los meses Junio y Julio de 2020".

La iniciativa alcanza, además de comercios, a locales de actividades gastronómicas como restaurantes, bares y casas de comida. A su vez, se contempla otros rubros, como los inmuebles donde se desarrollen las actividades de hotelería, alojamiento, pensiones, geriátricos, albergues transitorios y moteles. No aplicará para los locales comerciales de entidades financieras y los de cobro de pago de servicios y tributos. 

Desde que comenzó la pandemia las sesiones se desarrollan en el Salón Dorado para garantizar el distanciamiento social.

De acuerdo a datos de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), el cierre de comercios ya se acerca al 20% del total, unos 24.000 locales porteños. Desde la entidad, consideran que la iniciativa oficial "suma", pero no es suficiente. "Es un paliativo. Pero la crisis es mucho más profunda", indicaron. 

Para quienes ya hayan abonado el tributo de dichos meses se les generará un crédito a favor, el cual será destinado a la cancelación de obligaciones futuras del ABL. 

En tanto, los legisladores también tratarán una ley que modifica las normas que regulan el servicio de delivery a través de aplicaciones digitales. Vamos Juntos debió aceptar algunos cambios propuestos por el Frente De Todos al proyecto original elaborado por Cristina García de Aurteneche. La medida crea un registro de: prestadores de servicio (empresa tradicional que comercializa un servicio); las apps (como intermediarias del proceso); y los repartidores. Estos últimos, a través del sindicato que los agrupa, la Asociación de Personal de Plataformas, critica que se estipulen sanciones en caso de, por ejemplo, prestar el servicio sin habilitación o sin tener vigentes los seguros. 

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