Nuevo revés de la Corte a Macri: ordenó pagar $ 15.000 millones a San Luis

En plena visita del FMI, Macri debe asumir una deuda de $15 mil millones con la provincia de los Rodríguez Saá. Diálogo de sordos entre el Gobierno y San Luis

El Gobierno se topó ayer con desafío en su camino al déficit fiscal cero cuando la Corte Suprema condenó al Estado Nacional a pagar alrededor de $ 15.000 millones a la provincia de San Luis en concepto de retenciones por coparticipación. Este revés sorprendió a la Casa Rosada en plena visita de la misión del FMI y vuelve a poner el foco en los fallos negativos del máximo tribunal desde que Carlos Rosenkrantz lidera ese cuerpo.

La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excuso de intervenir, porque antes de integrar la Corte actuó como abogado de Santa Fe, que tiene un reclamo por el mismo objeto que San Luis, pero por el triple del monto.

En el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia. La actual sentencia es consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Anses) e Ingresos Públicos (AFIP).

La decisión de la Corte fue minimizada ayer por el ministro de Justicia, Germán Garavano. "Desde hace muchos años viene dictando fallos de acuerdo a esta cuestión", manifestó. El máximo tribunal recibió al presidente Mauricio Macri con un fallo similar a favor de las provincias de Córdoba y Santa Fe, en noviembre de 2015. "No nos genera mayor preocupación", agregó el ministro. Pero también mostró un disgusto cuando recalcó que este es el Gobierno "más federal" de los últimos años.

Garavano resaltó que no ven "nada fuera de lo habitual" con la decisión de la Corte ayer. Justamente, en el Gobierno están habituándose a los fallos en contra del máximo tribunal. "Nos equivocamos en haber empujado a un técnico al frente de la Corte (en alusión a Rosenkrantz). El rol del titular es de consenso, no puede ser que siempre salga con una posición distinta a la mayoría", rezongan altas fuentes oficiales.

En el Gobierno no se esperaban la acordada, ayer. Ahora tienen que enfrentar otro actor que suele retobársele a Macri y es la provincia de San Luis. Esta, junto a La Pampa, son las únicas que no firmaron el pacto fiscal. "Ahora la pelota está de su lado, esperemos que ahora quieran sentarse a hablar porque hasta el momento nos evitaron", comentaban en el Ministerio de Hacienda.

Pero este parece un diálogo de sordos. Justamente la provincia de los Rodríguez Saá también acusa a Nación de no querer sentarse a negociar. En la decisión de la Corte Suprema de ayer se puede leer que según San Luis "las autoridades nacionales ni siquiera respondieron los insistentes pedidos de audiencia formulados por la provincia a fin de discutir la cuestión". Este antagonismo es posible que crezca en un año electoral.

Lo único que celebraba ayer Cambiemos es que San Luis pretendía que se capitalicen los intereses y a tasa activa pero la Corte rechazó este reclamo. El abogado litigante de la provincia y ex miembro de la Corte, Rodolfo Barra, ayer recalcó que "había una diferencia importante en el cómputo de intereses" con Nación y agregó que el "Estado no paga porque es un gobierno opositor".

Mientras todo esto sale a la luz, el FMI es testigo de los vaivenes económicos internos que enfrenta el gobierno de Macri, en pleno acuerdo Stand By. Justamente el líder de la misión en Argentina, Roberto Cardarelli, está en Buenos Aires y ya se reunió con líderes opositores, como Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof y Roberto Lavagna. Mientras tanto, el Fondo advierte que Nación tiene que cancelar una deuda con San Luis por $15.000 millones y que podría salir otro fallo similar para Santa Fe, si bien no afectarían las arcas de este año (ver página 3). Pero también otras políticas que apuntan a incrementar el gasto del Estado tales como el proyecto de ley que ingresó ayer el Bloque Justicialista en Diputados. El espacio de Pablo Kosiner reclama prorrogar la vigencia del régimen de reintegro de una proporción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a jubilados.

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