La Ciudad admite que no advirtió un material tóxico en el Subte y la oposición calienta la previa electoral

El Gobierno de la Ciudad admitió que no exigió las certificaciones sanitarias y medioambientales necesarias al comprar 36 vagones al Metro de Madrid, por casi u$s 20 millones, que se destinaron finalmente en la Línea B del Subterráneo, y que posteriormente se descubrieron con presencia de materiales altamente cancerígenos, que afectaron la salud de al menos 11 trabajadores.

El presidente de la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Eduardo De Montmollin, admitió en un informe elaborado por la cadena de televisión CNN en Español que la compañía española informó en los manuales técnicos la presencia de asbesto (también llamado amianto), cuyo uso era común décadas atrás y hoy está totalmente prohibido por su impacto sobre la salud.

"Es cierto que hay documentación que decía (que había asbesto) pero no había manera de validar si efectivamente era cierto o no", dijo el funcionario promovido para ese cargo por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y que también tiene por encargo gestionar la licitación pública internacional para concesionar la red de seis líneas y el Premetro por 12 años, cuyo desenlace espera conocerse después de las elecciones. 

Sbase contaba con información que admitía la presencia de asbesto, según mostró CNN.

El informe de la cadena televisiva estadounidense para su público hispanoparlante advierte que la comercialización de bienes con asbesto está prohibida en toda la Unión Europea desde 2001, y a su vez es necesario contar con un certificado de origen que identifique cualquier material perjudicial para la salud al importar cualquier material desde el extranjero. Tal certificación no fue requerida a su ingreso al país.

"Esos trenes que le compramos al Metro de Madrid tendrían que haber venido con un certificado, y de nuestro lado tampoco hubo una exigencia de la certificación", reconoció De Montmollin.

"No puedo garantizar que los técnicos de Sbase hayan leído todas y cada una de las partes de los manuales técnicos, pero asumimos que si en la documentación se afirmaba algo, el Metro de Madrid había tomado las medidas pertinentes y estaba en condiciones de venderlo", se excusó el ejecutivo, que por entonces no estaba en Sbase. Su posición era entonces ocupada por Juan Pablo Piccardo, hoy funcionario de la administración de María Eugenia Vidal.

Como contó El Cronista, los vagones con material cancerígeno fueron comprados por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, hoy convertido en presidente, mediante una contratación directa que salteó el habitual proceso de adjudicación por licitación. Advertido el material cancerígeno, las formaciones rodantes fueron quitadas de circulación en diciembre pasado.

A comienzos de 2018, el sindicato de trabajadores del Metro de Madrid denunció la presencia de asbesto en la red ante la muerte de dos trabajadores. Las formaciones identificadas con la marca y modelo CAF 5000 fueron quitadas de circulación luego de que la misma compañía española admitiera su presencia y se comprometiera a instrumentar un plan millonario para quitarlo de la red.

Macri, durante un viaje a España para supervisar la compra de vagones.

Trascendido el informe especial, el candidato a jefe de Gobierno por el Frente de Todos, Matías Lammens, cargó contra la administración de Rodríguez Larreta y demandó que el Gobierno de la Ciudad informe en detalle el estado de situación e inicie en forma urgente el cambio de material rodante y la desabestización de la red.

El legislador del Frente de Izquierda y precandidato a alcalde, Gabriel Solano, exigió la renuncia del presidente de Sbase y reclamó que se investiguen "las responsabilidades penales de Macri y Larreta por defraudación al Estado y por poner en riesgo la salud de los trabajadores y usuarios". Y agregó: "Exigimos la inmediata desasbestización y la atención de todos los trabajadores".

Tras el informe, la empresa estatal Sbase evitó hacer comentarios, en tanto desde el entorno del jefe de Gobierno se limitaron a decir: "Nos seguimos ocupando".

Poco más tarde, desde el ministerio de Desarrollo Urbano, a cargo del ministro Franco Moccia, salieron a decir que la Ciudad habría iniciado acciones legales contra el Metro de Madrid, habiendo radicado una denuncia en España a través de un estudio privado de abogados, pero sin entrar en mayores detalles.

En tanto, la empresa concesionaria del servicio, Metrovías, destacó mediante sus portavoces que está encargada de gestionar un plan de manejo del asbesto desde hace seis meses, que incluye el mantenimiento de las formaciones y los controles médicos al personal de los talleres.

Los vagones con material cancerígeno fueron comprados por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante una contratación directa que salteó el habitual proceso de adjudicación por licitación. Advertido el material cancerígeno, las formaciones rodantes fueron quitadas de circulación en diciembre pasado.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (Agtsyp), el sindicato mayoritario, también advirtió que podría haber más trabajadores afectados y que no están siendo sujeto de controles médicos, y de igual modo reclamó a Sbase que lance una licitación para el recambio total de la flota.

Vale recordar que el asbesto se encontró en partes de las formaciones que no están en contacto con los usuarios, por lo cual -según Sbase- no hay riesgo de contagio para los pasajeros.