Juez que declaró inconstitucional el pacto con Irán: "El Gobierno se excedió en sus facultades"

El juez Eduardo Farah, integrante de la Sala I de la Cámara federal, quien junto al magistrado Jorge Ballesteros declararon inconstitucional el Momorándum con Irán por la causa AMIA, aseguró que no se puede acordar con otro Estado cosas que pueden influir en la decisión de un juez. “El Gobierno se extendió en sus facultades”, justificó. 

En diálogo con el programa Guetap que se emite por radio Vorterix, señaló que entendió que “el Ministerio de Exteriores cuando negocio con Irán se extendió en las facultades constitucionales”.

Explicó que “en lugar de tratar de solucionar el conflicto que existía con Irán, en torno a una serie de pedidos de extradición, de producción de pruebas y de asistencia judicial que había sido pedido por el juez de la causa que fueron rechazados al lo largo del tiempo por Irán, el Gobierno estableció una comisión paralela que tenía funciones parecidas a la del juez argentino en cuanto a la interrogación de los imputados, pedidos de informes, evaluación de esa evidencia y emisión de recomendaciones”.

“Yo respeto lo que dice el ministro (Alak) pero en el caso concreto de una causa judicial, un tratado no puede invadir una causa judicial; no se puede convenir con otro Estado cosas que van a influir en la decisión de juez”, insistió.

Farah es uno de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que declaró la invalidez del memorándum con Irán para indagar a los imputados en el caso AMIA. Conocido el fallo, el ministro Julio Alak y el canciller Héctor Timerman adelantaron que apelarán la sentencia y cuestionaron que un supuesto avasallamiento del Poder Judicial sobre la facultad del Gobierno y el Congreso de sellar tratados internacionales con otros estados.

De acuerdo a la visión del magistrado, el convenio firmado con Irán le restaba poder de decisión al juez natural que investiga al atentado. “Por poner un ejemplo: si la comisión determinaba que no había pruebas suficientes contra uno de los imputados, el juez argentino iba a tener que tener en cuenta esas recomendaciones; así surgía de términos en que fue escrito el memorándum”, argumentó.

Llegado ese hipotético caso, el juez de la causa quedaba en una situación incómoda porque tenía que elegir entre aceptar las recomendaciones de la “comisión de la verdad” -denominación que surge de la ley- o desobedecerlas y exponer a la Argentina al incumplimiento de un tratado internacional.