Ética pública: polémica por las DD.JJ. de los sindicalistas

Entre cruces y chicanas, ayer, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y Fernando Sánchez, quien está al frente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional presentaron, ante un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley de Ética Pública, que propone una reforma integral de la normativa vigente. El texto, enviado por el Ejecutivo la semana pasada, extiende a los dirigentes sindicales la obligación de presentar declaraciones juradas. Justamente, fue en torno a este ítem que surgió uno de los cuestionamientos a la propuesta por parte de la oposición. También hubo chicanas y cruces.

"No creemos que se deba incluir a los sindicatos", dijo la diputada del FPV Gabriela Cerruti al cuestionar la inclusión de los dirigentes sindicales entre quienes deban presentar declaraciones juradas y, al igual que la diputada del Frente Renovador y dirigente sindical de Apoc, Carla Pitiot, remarcó que los gremios son entes privados, al igual que los fondos que reciben, entre los argumentos por los que se oponen a esta inclusión.

Fue por ello que Alonso remarcó que, si bien el proyecto incluye a las obras sociales y sindicatos, para ellos no regiría la misma autoridad de aplicación que para el resto de los alcanzados por la ley. Sino que iniciativa impulsa una "mini" reforma en la Ley de Asociaciones Sindicales y de la Ley de Obras Sociales, para que su información "pase a ser pública".

Durante la reunión, hubo varios cruces y cuestionamientos. La presentación de Alonso y Sánchez fue en línea con la campaña de Cambiemos, de cara a las elecciones presidenciales, cuyos ejes son: corrupción, justicia e inseguridad. Sánchez destacó las medidas impulsadas desde el Ejecutivo en pos de la transparencia e institucionalidad, como el DNU de Extinción de Dominio, la ley del arrepentido y la de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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