Españoles recurrirán a la Justicia por "pesificación" de pensiones en Argentina

Hasta ahora, los beneficiarios de prestaciones procedentes del exterior podían recibirlas en euros o dólares, lo que les permitía sortear el cepo cambiario.

Pensionistas españoles residentes en Argentina hicieron causa común para recurrir ante los tribunales del país por la “pesificación” forzosa de las pensiones del Estado español que recibían en dólares o euros, resultado del “cepo al dólar” decretado por el Gobierno de Cristina kirchner.
 
“Hemos recibido más de mil denuncias y seguimos recibiendo muchas nuevas cada día. Todas las pensiones extranjeras pasaron a cobrarse en pesos a partir de julio, una decisión que afectó a unas 80.000 personas, en su mayoría españoles e italianos”, detalló hoy a  la agencia de noticias Efe el Defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino.  
 
El conflicto responde a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para “desdolarizar” la economía y limitar el uso de las divisas en el país, lo que ha disparado el valor del dólar en el mercado negro, donde la moneda estadounidense llegó a cotizar hasta un 40% más que en el mercado oficial.
 
Hasta ahora, los beneficiarios de prestaciones procedentes del exterior podían recibirlas en euros o dólares, lo que les permitía sortear parcialmente la inflación en el país, que consultoras privadas sitúan en el 25%. 
 
En el caso de la comunidad española residente en Argentina, la medida afecta a cerca de 25.000 pensionistas, tanto de prestaciones contributivas como no contributivas y perceptores de ayudas individuales de otro tipo que, en conjunto, reciben unos 50 millones de euros al año.  
 
El Defensor de la Tercera Edad porteño señaló que recurrirán a la Justicia en agosto, tras el receso invernal, y una vez agotada la etapa de consultas a todas las instituciones implicadas.  
 
“Hemos requerido información a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y al Banco Central, pero éste nos remite a circulares que ya emitió en su momento‘, indicó Semino. El funcionario explicó que la Administración estatal justifica su actuación en una directiva que se refiere a la fuga de divisas, pese a que en este caso se trata precisamente de lo contrario, de la entrada de divisas. 
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