Empujan reforma para ampliar escuchas telefónicas e inteligencia criminal

Justicia y Seguridad quieren dotar a investigadores, fiscales y jueces de herramientas tecnológicas para geolocalizar en vivo a sospechosos de delitos graves. Pero la legislación en favor del derecho a la privacidad les pone un obstáculo. Evalúan distintas vías de avance.

Una polémica intención recorre los pasillos de las carteras de Justicia y Seguridad de la Nación, y también de sus homólogos en las provincias. El Gobierno evalúa la posibilidad de introducir cambios en la legislación en materia de derechos de la privacidad para admitir la posibilidad de interceptar teléfonos y otros dispositivos con la intención de localizar, escuchar y eventualmente detener a personas sospechadas de instigar o cometer delitos de gravedad.

A las intenciones oficiales de reducir la edad de imputabilidad, expulsar a extranjeros que delinquen o incorporar nuevo armamento para las fuerzas de seguridad, se suma -todavía en fase embrionaria- la intención de incorporar tecnología de última generación en materia de geolocalización en vivo e inteligencia artificial para desarrollar patrones de conducta de los sospechosos y accionar, con esta información, para detener o prevenir actividades ilícitas.

Ciberinteligencia

Desde hace al menos 18 meses, diferentes carteras del Gobierno nacional vienen recibiendo ofertas de empresas privadas, la mayoría extranjeras, del sector de Seguridad y Defensa con utilitarios que permiten vigilar automáticamente objetivos identificados explotando la localización en tiempo real de los celulares y GPS.

Este tipo de tecnologías, disponibles en los Estados Unidos y Europa, donde la legislación admite la intrusión en la vida privada amparándose en la "seguridad nacional", permite obtener información de personas u organizaciones delictivas, realizar investigaciones y seguimiento para prevenir amenazas y trazar patrones de conducta que conduzcan, eventualmente, a desactivar ilícitos.

Según contaron lobbistas de estas empresas a El Cronista, bajo el compromiso de confidencialidad, estas tecnologías permiten acceder en tiempo real a la ubicación de cualquier teléfono móvil con tarjeta SIM y obtener el contenido de toda clase de dispositivos electrónicos (smartphones, tablets, computadoras, etcétera). 

Escollo legal

La principal traba a estas ofertas fue advertida en las asesorías jurídicas de los ministerios y las fuerzas federales.

El artículo 19 de la Constitución resguarda "las acciones privadas que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero". 

En tanto, el capítulo III del Código Penal castiga con penas de hasta un año e inhabilitación en caso de funcionarios públicos que "indebidamente interceptaren o captaren comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones".

El tema tiene una sensibilidad particular, debido al uso que se le han dado a las escuchas en años reciente, y por lo cual el macrismo definió encargar a la Corte Suprema de Justicia las intervenciones de comunicaciones.

Sin embargo, el mismo tribunal estaría dispuesto a flexibilizar la práctica con dependencias similares en la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), como ya pasa en la Policía Federal, según deslizó Clarín.

La posibilidad de ampliar las oficinas de escuchas alentó a los lobbistas locales, que interpretaron este movimiento de la Corte como "una prevalidación legal" que habilita la demanda de soluciones innovadoras.

En este escenario, las empresas interesadas se ven con más posibilidades de introducir una habilitación legal a través del anteproyecto de reforma del Código Penal.

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