Empresarios preparan fuerte judicialización del impuesto a la riqueza

Hoy será tratada en Diputados la iniciativa para gravar las grandes fortunas y los industriales advierten que sus propuestas no fueron escuchadas. Sostienen que acudirán a la Justicia

El proyecto a las grandes fortunas de golpe pasó del ostracismo a ser tratado por la Cámara de Diputados. Luego de semanas sin noticias respecto del proyecto que impulsa el oficialismo, hoy se tratará en el Congreso y, según estimaciones preliminares, tiene grandes chances de pasar el primer filtro.

Y así de rápido como la iniciativa revivió, los empresarios volvieron a salir al cruce de esta propuesta, ahora con la firme intención de judicializar el tema.

A través de distintos comunicados o en off the record, los hombres de negocios advirtieron su descontento por el avance de la ley de Aporte Solidario Extraordinario de las Grandes Fortunas, una discusión que si bien no daban por terminada, tampoco supieron ver que llegaría de forma intempestiva.

Y ahora, a raíz de que la consideran inconstitucional, esperan una importante cantidad de presentaciones ante la Justicia para intentar ir en contra de esta propuesta.

"Esto va a terminar en un lío judicial que no tiene sentido. Había muchas formas de ir detrás de los fondos que pretenden recaudar con este nuevo impuesto, pero optaron por la más conflictiva", sostuvo una de las fuentes empresarias consultadas.

Carolina Castro, dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue una de las que le puso voz al reclamo, y en diálogo con El Cronista se quejó por el poco espacio que se le dio al proyecto que presentó en varias oportunidades la central industrial.

"Desde hace ya tiempo venimos planteando la visión productivista de todo esto. En las últimas semanas mantuvimos encuentros con varios diputados y el mismo Ejecutivo para lograr rever esto, pero evidentemente no tuvo demasiada repercusión", sostuvo Castro.

"Se puede lograr un efecto realmente muy malo si no se hacen las cosas bien", dijo la ejecutiva. En este sentido, los empresarios afirman que una medida de este tipo puede pegar de lleno tanto en la toma de personal, como en las inversiones.

Por otra parte, el Foro de Convergencia Empresarial -que representa a 80 instituciones de la Argentina, entre ellas AEA, UIA, IDEA, ACDE, Sociedad Rural, ABA, DAIA y la Cámara de Comercio, entre otras- apuntó que el impuesto a la riqueza tiene carácter "confiscatorio".

Además, la entidad mostró su "gran preocupación" por el avance en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Aporte Extraordinario a los grandes patrimonios.

Para los empresarios, ahora comienza una nueva etapa. Luego de mantener una serie de reuniones con diputados -sin resultados positivos aparentes- ahora aguardarán a que logre el visto bueno de esa Cámara, tal como se especula que ocurrirá, y se posicionarán sobre los Senadores.

La idea en este sentido es acercarles los mismos argumentos y proyectos que se discutieron con diputados, con el claro objetivo de que se puedan imponer algunos de las variables que los industriales entienden serían menos perjudiciales.

Según el trabajo que elaboró la UIA, por ejemplo, el proyecto de ley "incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo. El sesgo con el que se ha diseñado este proyecto descapitaliza a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia social, sanitaria y económica".

Además, advierte que "fundamentalmente, esto se debe a que el proyecto no diferencia entre el patrimonio formado por capital productivo (empresas, máquinas y activos tecnológicos en el país) y aquél compuesto por activos financieros o inmuebles. Como resultado de esta medida, las empresas deberán destinar recursos afectados a la producción al pago de este aporte".

Este impuesto de emergencia -en teoría se cobraría por única vez- busca que quienes tienen un patrimonio de más de $ 200 millones hagan un aporte extraordinario, que arranca con una alícuota del 2% y llega al 3,5% para los patrimonios de más de $ 3.000 millones de pesos. Según cálculos oficiales, se recaudarían $ 300.000 millones.

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