El tratado con Chile prevé el regreso a los tribunales del Ciadi

Desde el lado chileno, valoran especialmente la coordinación regulatoria para la apertura al mundo que prevé el nuevo convenio de libre comercio entre Argentina y Chile. En particular, llama la atención que se prevé la responsabilidad de los Estados frente a tribunales internacionales, como el Ciadi.

A partir del gobierno de Eduardo Duhalde, el gobierno argentino fue llevado ante los tribunales arbitrales del CIADI  por numerosas empresas que se consideraron perjudicadas por la devaluación asimétrica y el congelamiento de tarifas, y perdió millonarios juicios.

Santiago Montt Vicuña, presidente & CEO de Montt Group SpA, organización regional de consultoría legal y contable con casa central en Chile, remarcó como un efecto importante del tratado es facilitar la responsabilidad de los estados, que pueda hacerse efectiva en los tribunales de arbitraje internacional. Un ejemplo es el Ciadi.

El especialista dijo es un tratado moderno, de última generación, que va más allá de la desgravación arancelaria ya largamente lograda desde hace muchos años.

El corazón de este nuevo Tratado consiste en establecer nuevas reglas destinadas a otorgar y facilitar a las empresas de ambos países el acceso a los sectores económicos de la otra nación, en términos igualitarios, según Montt Vicuña.

Ello permitirá que empresas de estos países puedan ser agentes que compitan en el mercado internacional, dijo Montt Vicuña.

Entre los sectores que obtienen promoción para su integración están los servicios públicos, servicios básicos, educación, salud, sistemas de pensiones, correo, telecomunicaciones y transporte en general, incluyendo el comercio electrónico. En el tema comunicaciones, se destaca la desaparición del roaming.

Nuevos temas se incluyen en relación a los proceso regulatorios internos de los países a partir del mecanismo de la Coherencia Regulatoria como respecto de los Obstáculos Técnicos al Comercio.

Busca asimismo instalar el concepto de la "Transparencia", promoviendo mecanismos para la regulación estatal que impliquen un proceso de diálogo con los destinatarios de las normas, enmarcado en la noción de "buenas prácticas regulatorias".

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