EL TRANSPORTE PÚBLICO FUE CLAVE PARA GARANTIZAR LA HUELGA, QUE AFECTÓ A DIVERSOS SECTORES

El paro opositor fue contundente, pero el Gobierno lo minimizó y rechaza respuestas

El sindicalismo anti K amenazó con nuevas protestas si no se atienden sus reclamos. Pero funcionarios del Ejecutivo reprobaron el paro y lo vincularon a campaña electoral

A partir de la estratégica paralización de todo el sistema de transporte público, el sindicalismo opositor consumó ayer con contundencia una nueva huelga nacional contra la gestión de Cristina Fernández, la segunda en poco más de dos meses, y desafío con profundizar las protestas en plena campaña electoral si no son respondidos sus reclamos. A juzgar por la reacción oficial a la medida, esa amenaza podría volverse una realidad en los próximos meses: el Gobierno no solo descalificó el paro, al que categorizó en los términos de una jugada política en el contexto electoral, sino que dio muestras sobradas de que no está en sus planes inmediatos atender las demandas del gremialismo opositor.


Un verdadero diálogo de sordos que, a la vez que abre dudas en el sindicalismo anti K sobre la viabilidad de su ofensiva de confrontación en el corto y mediano plazo, también advierte sobre los límites de la apuesta oficial de mantener su actitud de indiferencia hacia los gremios y soportar una agudización de los conflictos en plena campaña. Una fuerte disputa que parece desatender los efectos concretos del paro en el contexto de una economía estancada, con alta inflación, caída del poder adquisitivo de los salarios y fuerte déficit fiscal: según algunos cálculos extraoficiales, las pérdidas por la huelga alcanzaron los $ 10.000 millones.


La adhesión de los gremios de colectiveros de la UTA y los ferroviarios de La Fraternidad y señaleros, que junto a los gremios aeronáuticos paralizaron por completo el transporte público, fue la clave parar asegurar el éxito de la protesta. Sin embargo, como ocurrió en la huelga anterior del 31 de marzo, los transportistas evitaron la foto de la celebración y volvieron a cederle el centro de la escena a Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, los líderes de las tres centrales obreras que compartieron con la CATT la convocatoria a la medida de fuerza.


En la conferencia de prensa que ofrecieron los tres dirigentes, Moyano castigó con dureza a los funcionarios que desacreditaron la protesta. "¿Alguien puede creer que el paro es una cuestión política?, ¿qué pasa con los salarios? ¿y los techos? ¿Por qué tiene que tener techos (la paritaria) si la inflación no tiene techo? Cuando le pongan techo a la inflación va a tener techo las paritarias", lanzó el líder del sindicato de Camioneros, otra de las organizaciones cuyo respaldo fue estratégico para la medida. El también jefe de la CGT opositora enfatizó que la contundencia del paro demuestra la "disconformidad con las políticas del Gobierno" y advirtió que "si es necesario, vamos a seguir aplicando la medidas para preservar los derechos de los trabajadores".


En sintonía, Micheli alertó que "si esto no se revierte, va a haber más lucha, más paros y más movilizaciones", mientras Juan Carlos Schmid (dragado) describió la jornada de paro como "un silencio atronador" y calificó de "antidemocrática" la actitud del Ejecutivo de no dar respuesta a los reclamos.


Desde el Gobierno, sin embargo, hicieron caso omiso a las críticas y reforzaron el objetivo de desautorizar la huelga.


"Este es un paro político en pleno período electoral", afirmó el ministro de Economía, Axel Kicillof, en tanto su par de Trabajo, Carlos Tomada, consideró que la protesta fue "un contundente fracaso". También el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusó a los dirigentes gremiales de impedir "ir a trabajar al que quiere hacerlo sólo porque se les ocurre a ellos", actitud que Florencio Randazzo, titular de Interior y Transporte y precandidato presidencial K, tradujo con crudeza como que "decretaron la prisión domiciliaria de millones de argentinos".
La falta de colectivos, trenes, subtes y aviones (hubo decenas de vuelos cancelados), sumados a los piquetes dispuestos por agrupaciones de izquierda en los accesos a la ciudad de Buenos Aires y los principales centros urbanos del interior del país, convirtió la jornada de protesta en la típica postal de un domingo o un feriado. Por la adhesión de Camioneros, las calles se vieron inundadas de basura, y tampoco hubo servicios de transporte de mercaderías, combustibles, caudales, correos y logística.


En las estaciones de servicio no hubo expendio de combustibles, en tanto que diversos bares y restaurantes cerraron sus puertas. Pese a que no se plegaron a la huelga, la actividad en comercios y bancos fue parcial debido a la falta de transporte que provocó gran ausentismo, mientras el dictado de clases en los colegios resultó afectado casi por completo, al igual que la atención en los hospitales públicos.


Por la misma razón, tampoco fue normal la actividad en los principales sectores industriales y de servicios, cuyos gremios, en su mayoría enrolados en la CGT oficial, tomaron distancia de la protesta, pese a compartir los reclamos en favor de la libre negociación salarial, la eliminación de la carga del impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores y el reparto de fondos adeudados a las obras sociales sindicales, entre otros.


En el interior, la medida fue contundente en ciudades como Mendoza, Córdoba, Rosario, Salta y Mar del Plata, donde también paralizaron sus actividades los trabajadores estatales.

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