El futuro de Milagro Sala: qué implicancias tiene la resolución del organismo de la ONU

Desde el CELS, Amnistía Internacional y su defensa, aseguran que el responsable de gestionar la liberación es el Gobierno nacional. Pero desde el Ejecutivo dicen que es un atributo de la Justicia.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU analizó en detalle la situación de la dirigente política y parlamentaria del Parlasur Milagro Sala y concluyó, en un informe 21 páginas, que su detención fue "atribitraria" y que debe producirse su liberación "inmediata".

En base a una presentación realizada por el CELS, Amnistía Internacional y la defensa de Sala, el organismo de la ONU requirió explicaciones al Gobierno nacional (contenidas ambas presentaciones en el informe elaborado) y fundamentó su veredicto en tres puntos centrales:

1 - A Sala "se le obstaculizó el derecho a la defensa jurídica";

2 - Las acciones legales y procesales "se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre";

3 - Se vulneró el "fuero parlamentario" ya que la detención "no fue ordenada por autoridad judicial competente" o a través de los mecanismos de juicio político en la Argentina.

El Grupo de Trabajo le dio seis meses al Gobierno argentino para dar cumplimiento a las recomendaciones, y también reconoció el derecho de Sala de pedir una resarcimiento o compensación por haber estado detendida de manera "arbitraria".

En conferencia de prensa, el CELS hizo responsable al Ejecutivo Nacional para que dé cumplimiento a la recomendación del organismo y apuntó directamente contra Mauricio Macri como responsable de la liberación de Milagro Sala.

Horacio Verbitsky, el presidente del organismo, consideró que la resolución "está dirigida al Gobierno nacional y no a la provincia de Jujuy". "El contador Morales puede decir lo que quiera, pero el Estado tiene que cumplir las resoluciones", consideró el periodista. Y agregó: "Esta resolución es similar a la que tuvo el organismo con el caso del dirigente Eduardo López, de Venezuela. El presidente hizo declaraciones sobre esto, así que le toca responder si su conducta será distinta de la de Venezuela".

Respecto de la obligatoriedad que tiene el Estado de cumplir con la resolución, Verbitsky indicó que "salvo que quiera ponerse al margen de la legalidad, no se puede negar a cumplir". "Esta es una resolución definitiva", contestó ante una consulta de este medio, respecto de si era necesario algún aval extra dentro de Naciones Unidas para otorgarle validez. 

Un especialista en los mecanismos de resolución de la ONU que pidió no ser identificado le dijo a cronista.com que este tipo de resoluciones no tiene un carácter obligatorio, aunque resaltó también que "sí tiene un alcance legal que no es para dejar de lado". 

"Esto obliga al juez a cumplir con el deber que tiene todo juez de reexaminar periódicamente si se sigue justificando la detención", indicó el especialista, y luego amplió: "Él sabe que lo están mirando y que un grupo especializado cuestionó su decisión, por lo que tendrá que extremar la prudencia". 

Fuentes de Cancillería que pidieron mantenerse en reserva afirmaron que el Ejecutivo "no tiene nada para opinar" y adelantaron que enviarán el documento a la Justicia. "No nos involucramos con la Justicia, es un poder independiente", recalcaron. Esta postura fue ratificada por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en diálogo con Clarín.

La pregunta, entonces, es qué pasa si no se llega a producir la liberación de Milagro Sala.

Elisabeth Gómez Alcorta, abogada defensora de Sala, apuntó que ya hay una causa presentada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que esta resolución del organismo de la ONU seguramente "tenga impacto" en la decisión de ese organismo.

El especialista en derecho internacional, por su parte, consideró que la postura del Gobierno nacional es "correcta" y que el Estado debe presentar el informe en la Justicia jujeña. "Es un trámite de carácter estrictamente judicial", explicó.

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