EN PRESIDENCIA, IGUAL, EVITAR N EXPRESARSE SOBRE EL FALLO

El Gobierno y la Justicia, más enfrentados tras la liberación de dirigentes K

Las salidas del ex jefe legal y técnico y de Luis DElía renovaron el fastidio oficial. Designarán más jueces e intentarán que la nueva procuradora asuma lo antes posible

En una de las escuchas que mantuvo con Oscar Parrilli, difundidas de manera ilegal durante el último año, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner definió la causa que investiga el presunto encubrimiento a Irán en la firma del memorándum por AMIA como "la más complicada". El 7 de diciembre del año pasado, el fallo del juez Claudio Bonadio pareció darle la razón a ese pálpito de la ex presidenta, que fue procesada y, de no haber tenido fueros, habría ido en prisión junto con Carlos Zannini y Luis DElía, entre otros.

Pero tres meses y medio después, aquella decisión de Bonadio fue desautorizada por el Tribunal Oral Federal número 8, que le concedió la libertad a Zannini y D Elía. Casi en paralelo, unos días antes, la Corte Suprema había determinado volver a sortear el tribunal que lleva adelante la causa, por lo que el juicio en contra de Cristina y el resto de los procesados se demorará, se estima, unos seis meses más. La decisión en torno al entramado AMIA motivó un nuevo enojo del macrismo con la Justicia. En el Gobierno aseguran que aceptan la decisión que surge de Comodoro Py, pero advierten que, lo que la sociedad vio como un freno a la corrupción a finales del año pasado con múltiples detenciones, se está desactivando este año, también, con liberaciones masivas. Además de Zannini y D Elía, Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Roberto Baratta, fue liberado hace diez días Cristóbal López, empresario vinculado al kirchnerismo y acusado de evadir más de $ 8500 millones. Esa fue la gota que rebasó el vaso.

A diferencia del caso López, no está previsto que el presidente Mauricio Macri se exprese sobre la salida de prisión de los ex funcionarios K. Aunque sí, ya desde la semana pasada, bajó la orden de acelerar el proceso para designar jueces y, distante de la Corte que encabeza Ricardo Lorenzetti, buscó un aliado en el Consejo de la Magistratura, que se encarga de llevar adelante los concursos.

Miguel Piedecasas, titular del órgano que elige y remueve jueces, se despachó con muy buenas referencias a la candidata oficial a la Procuración, Inés Weinberg de Roca. Destacó su "honestidad y aquilatada trayectoria académica" y la definió como "una persona honesta, trabajadora, en una entrevista con AM 1110. Piedecasas negó que existan tensiones entre el Gobierno y la Corte, aunque sí se mostró "sorprendido" por la inhabilitación del Tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner.

Weinberg de Roca es la elegida por el Gobierno para ocupar la silla que dejó Alejandra Gils Carbó, a quien Macri definió como una procuradora militante del kirchnerismo, y que renunció el cargo a finales del año pasado. El plan del Ejecutivo es dotar de presupuesto a la nueva de jefa de fiscales y, con la reforma del Código Procesal Penal en marcha, darle mayor poder en relación a los jueces federales, que tendrán menor participación en las investigaciones.

En la Justicia, en voz baja, se quejan de que el Gobierno los expone ante la sociedad y que Macri opina sobre casos puntuales y afecta la independencia de poderes. "Nosotros no respondemos a encuestas", dijo Lorenzetti a principios mes en la apertura del año judicial. Esa frase evidencia la grieta de poderes, cada vez más ancha.

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