El Gobierno rescindió los contratos de rutas por PPP y se hará cargo de las obras

El Ministerio de Obras Públicas logró acuerdos con las contratistas a cargo de los corredores viales A, B, C, E, F y SUR. Los trabajos irán quedando bajo la responsabilidad de Vialidad Nacional, por etapas.

El Gobierno de Alberto Fernández oficializó este miércoles la decisión de que la Dirección Nacional de Vialidad recupere y mantenga la administración de Corredores Viales Nacionales, con más de 3000 kilómetros de rutas. Lo dispuso el propio jefe de Estado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1036/2020 publicado en el Boletín Oficial, con su firma y la del pleno del gabinete nacional.

La decisión devuelve al Estado la gestión y administración de las rutas 3, 5, 7, A008, 8, 9, 11, A012, 33, 34, 35, 36, 193, 205, 226, ; Autopista Riccheri, Autopista Jorge Newbery; y Autopista Ezeiza/Cañuelas; entre otras.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anunciado en febrero que cinco corredores viales con unos 3.373 kilómetros de rutas que estaban concesionados a manos del Estado iban a volver a manos de la Dirección Nacional de Vialidad.

La semana pasada el funcionario dijo que tras negociaciones con los concesionarios hubo un mutuo acuerdo para dar de baja los contratos sin que esto dispare litigios contra el Estado nacional en el futuro.

Según señalaron desde el ministerio de Obras Públicas, "en todo este período, las obras de fondo no avanzaron y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2%".

Ahora, con el DNU, el Gobierno decidió otorgar la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario de las rutas. El Presidente instruyó a Katopodis a aprobar y suscribir el correspondiente Contrato de Concesión con la empresa estatal Corredores Viales SA, previa intervención de la Dirección Nacional de Vialidad.

El plazo del contrato será fijado en diez años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, contemplando además la posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos.

La empresa estatal incorporará el personal que hasta la fecha de toma de posesión se encontrare en relación de dependencia con los Contratistas PPP (obras de Participación Público Privada) predecesores de los Corredores Viales Nacionales "A", "B", "C" y "SUR", manteniendo la antigüedad adquirida a esa fecha y respetando las demás condiciones laborales vigentes a ese momento.

Esta disposición no incluirá al personal jerárquico que prestare servicios para esos Contratistas PPP ni al incorporado por dichos Contratistas PPP, salvo aquellas incorporaciones que tengan su origen en la sustitución de puestos operativos preexistentes a la firma de los respectivos Contratos PPP, debido a renuncia o por acceso al beneficio previsional del trabajador y de la trabajadora.

El Gobierno también le dio a Corredores Viales SA la posibilidad de ceder en garantía los derechos al cobro de peaje y otros ingresos, con previa autorización de la autoridad de aplicación, que Vialidad Nacional.

Contratos PPP

En julio de 2018, se concesionaron seis corredores viales bajo la modalidad PPP. Los contratos implicaban que el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado.

Asimismo, estos contratos debían impactar en el Programa Rutas Seguras que prometía la realización de 4000 km, pero solo hicieron 6 km.

En conjunto, los seis proyectos prometían una inversión de u$s 5400 millones en cinco años para la construcción de 3400 km de autopistas y rutas. Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre u$s 10.000 y u$s 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento.

Corredores viales
  • Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.
  • Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.
  • Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.
  • Corredor E: abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana - Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires, y la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe. Las obras a ejecutar estaban a cargo de  Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).
  • Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. Las obras a ejecutar estaban a cargo de  Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).
  • Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).
Tags relacionados

Compartí tus comentarios