El Gobierno planea revisar más de mil designaciones que hizo Alejandra Gils Carbó

El artículo 23 del proyecto de ley consensuado por el interbloque de Cambiemos y el PJ-FpV habilita a dar de baja los nombramientos realizados a partir de 2013.

La Comisión de Justicia comenzará a debatir hoy el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal que no sólo limitará a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, sino que dejará también sin efecto las designaciones realizadas bajo la gestión de Alejandra Gils Carbó, quien la semana pasada anunció que dejará su cargo el 31 de diciembre.

Así se desprende del artículo 23 de la iniciativa que presentaron los senadores Federico Pinedo y Ángel Rozas, del interbloque Cambiemos, junto a sus pares del PJ – FpV, Miguel Ángel Pichetto y Pedro Guastavino.

El mencionado artículo establece: "Déjense sin efecto las designaciones de funcionarios efectuadas a partir de la entrada en vigencia de la ley 26.861, de Ingreso democrático e Igualitario a la Justicia".

La ley 26.861, que establece concursos públicos y abiertos para el ingreso de funcionarios y empleados al Poder Judicial y al Ministerio Público, fue promulgada por Cristina Kirchner el 3 de junio de 2013, diez meses después de la asunción de Gils Carbó.

De acuerdo a un informe difundido por la Jefatura de Gabinete, en el período período 2012-2016, el total de empleados del Ministerio Público Fiscal pasó de 4.134 a 5.635, lo que implica un aumento del 36% en la dotación de personal.

El incremento provocó un crecimiento exponencial en el desembolso en personal: de $1.125.835.263, en 2012, a $ 4.802.349.938, presupuestados este año. Un incremento de casi el 300%.

Los puntos salientes del proyecto

- El procurador general de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado por "mayoría absoluta de sus miembros". De esta forma, el proyecto elimina el requisito actual de reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara alta.

- Se eliminará el carácter vitalicio del cargo. El procurador "dura en su función cinco años y podrá ser reelegido por dos años por única vez".

- El procurador podrá ser removido de su cargo cuando incurra en mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones "por decisión fundada del Poder Ejecutivo", la cual podrá ser revocada únicamente por el Senado "en el plazo máximo de 10 días hábiles".

- También la Cámara de Diputados "por iniciativa de la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros" podrá desplazar al jefe de los fiscales, aunque tanto en este caso como en una decisión del Ejecutivo se necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado.

 

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