El Ejecutivo pide a la Corte una audiencia pública con las provincias para discutir IVA y Ganancias

El Gobierno presentó un escrito en el que pide citar a las 15 provincias en una audiencia. Además, le señaló al máximo tribunal que hacen falta aclaraciones para poder hacer cumplir el fallo por el cual se le devuelve el IVA y Ganancias .

El Gobierno Nacional avanzó en la discusión por los fondos coparticipables y, como adelantó este diario, comenzó un proceso en el que se retrasará el cumplimiento del fallo.

Ayer el Ejecutivo nacional envió un escrito a la Corte Suprema de Justicia en donde. además de señalar "la oportunidad elegida por el Tribunal para expedirse" en relación al proceso electoral; le pide que aclare cómo debe implementarse la cautelar que obliga el Estado a devolver a las provincias la quita en el IVA a los alimentos y la devolución de Ganancias a los empleados registrados.

En un escrito que lleva la firma del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, su par de Producción y Trabajo, Dante Sica, el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías y el abogado del cuerpo del Estado Carlos Pistarini, el Ejecutivo le solicita al tribunal que convoque a una audiencia pública con las provincias a fin de poder discutir los pasos a seguir.

Pero mientras plantean un encuentro para acordar, la presentación judicial señala que la sentencia "no brinda al Estado Nacional herramientas mínimas para su ejecución". Básicamente, Lacunza y Sica lo que dicen es que la Corte no establece ningún tipo de referencia sobre el modo el que debe implementarse la cautelar impuesto. "Advertimos que no es posible acatar la voluntad jurisdiccional sin afectar el bienestar general", dice el escrito.

Frente a esto, señalan que para poder cumplir "con la voluntad jurisdiccional adecuando los intereses de las provincias con el bienestar general del pueblo" piden que "aclaraciones" y que se fije "una audiencia pública con la comparecencia de todas las provincias que cuestionaron las normas".

Con esta medida se empieza a dilatar la resolución de la Corte. Primero porque el presidente del Máximo Tribunal está de viaje en España, lo que hace difícil una rápida respuesta. Y, en segundo lugar, el Ejecutivo pide una audiencia en donde participen quince provincias - Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán-.

"Estas imprecisiones hacen extremadamente dificultoso (cuando no imposible) satisfacer la manda judicial y a la vez mantener las ventajas económicas que las normas establecieron", agrega. El Gobierno afirma que el pedido "se funda en la necesidad de conciliar con las Provincias la forma en que se dará cumplimiento a la medida dispuesta".

La calificadora de riesgo Moody´s emitió un comunicado en donde señala que el fallo de la Corte "es positivo para las provincias porque les ayudará a abordar necesidades de gasto en un entorno de liquidez ajustada y condiciones financieras difíciles que les impide obtener fondos para financiar el déficit".

Pero en su informe la calificadora de riesgo que sigue de cerca las deudas de las provincias y los municipios y que ya había alertado sobre la falta de liquidez de estos distritos para enfrentar los vencimiento señaló que el momento de la aplicación de la decisión del tribunal "será clave". "Las provincias enfrentan restricciones de liquidez debido a las presiones de gasto y a la decisión del gobierno central de retrasar los pagos de notas a corto plazo que los gobiernos regionales tienen en sus carteras de inversión.

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