El Gobierno no cede con los PPP viales y amenaza con rescindir los contratos y ejecutar garantías por u$s 450 millones

Ante la imposibilidad de presentar el cierre financiero, los concesionarios advierten que la ejecución de las garantías llevaría a la quiebra de las empresas. Contra reloj, aún hay margen para una solución consensuada.

La historia de los contratos para obras viales bajo la modalidad de Participación Público-Privada (PPP) está recorriendo las últimas 96 horas, pero en un escenario de dura pulseada entre el Gobierno y los concesionarios de los corredores A, B, C y Sur, aún no está claro cuál será el resultado final de la negociación.

El lunes 30 de noviembre a las doce de la noche vencerá el plazo extra que otorgó el Poder Ejecutivo para que los grupos empresarios presenten el cierre financiero, necesario para apalancar la realización de las obras comprometidas en los contratos a 15 años. Hasta ahora no hubo avances en ese sentido y ya casi no hay tiempo material para hacerlo.

Fuentes oficiales sostienen que "la extensión del plazo está atado a los contratos y éstos no permiten una prórroga". De este modo, para el Gobierno "hoy la pelota está 100% del lado de las empresas".

Por eso, si de acá al lunes no hay fumata blanca, a partir del martes 1 de diciembre el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas, estará habilitado a dar por caídos los contratos y pedir la ejecución de las garantías que cada uno de los consorcios constituyó al momento de presentar sus ofertas.

El corredor A fue adjudicado a Paolini, Vial Agro, INC Spa (Italia) que ofertó u$s 1002 millones; el corredor B a China Construction America, junto a Green S.A (u$s 1175 millones), mientras que el C corresponde a José Cartellone Construcciones Civiles (u$s 1086 millones), y el corredor Sur para Rovella Carranza S.A, JCR S.A., Mota-Engil (Portugal), por un monto de u$s 699 millones.

Entre los cuatro consorcios suman unos u$s 450 millones en garantías, lo cual pende como una espada de Damocles sobre las cabezas de las empresarios. "Ninguna empresa constructora, y yo diría que ninguna empresa de la Argentina, puede aguantar la ejecución de una garantía de 100 o 120 millones de dólares", aseguró a este diario una fuente cercana a la negociación.

Justamente, éste es uno de los mayores temores en una industria, que comienza a moverse y tener cierta perspectiva de mejora de cara al 2021.

Durante la celebración por el Día de la Construcción, el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, se refirió a los contratos PPP viales y a las negociaciones entre concesionarias y gobierno nacional "para dar por finalizados los mismas antes del 30 de noviembre".

Y buscó abonar el camino de una solución consensuada. "Sabemos de la decisión del gobierno de no continuarlos, pero solicitamos que las negociaciones finalicen en buenos términos, en equilibrio, y con la adhesión de ambas partes, a fin de evitar conflictos y graves perjuicios totalmente innecesarios para las empresas y el país". Un mensaje claro en medio de una negociación muy "caliente".

Desde las empresas buscan que al menos haya "un resarcimiento" por los gastos generados para la constitución de las empresas, y rubros con incidencia a lo largo de todo el contrato, como capitalización de las empresas, garantías bancarias, estructuración financiera, consultoría técnica y jurídica, movilizaciones de obras, instalación de obradores, instalación de canteras de suelo y piedra triturada, amortización de vehículos e incluso la indemnización de los trabajadores que ahora despedirían.

Los consorcios aseguran que no pretenden ganar dinero pero sí que les paguen lo que han puesto hasta ahora.

Según fuentes confiables, el Gobierno hizo una oferta de pago a cada grupo pero está muy lejos de lo que pretenden las constructoras. Sin detalles sobre los montos reclamados, en el sector estiman que la cifra ronda los u$s 80/100 millones entre los cuatro grupos adjudicatarios. Esto representa aproximadamente el 2% de CapEx (gastos de capital).

En cuanto a las inversiones realizadas hasta la fecha, se fueron cobrando a través de títulos públicos de inversión (TPI), que son títulos a largo plazo, por lo que en este punto no hay reclamos cruzados.

Sobre el desenlace de todo el tema, los empresarios argumentan que en un contexto de extrema vulnerabilidad macroeconómica en los últimos dos años y medio, sumado al default de la deuda soberana en 2020, fue imposible avanzar en el cierre financiero por "razones ajenas a las empresas".

Ésta fue la piedra en el zapato que derivó en esta pulseada de resultado aún incierto. Y que podría terminar con demandas en los tribunales locales y en el Ciadi, en el caso de las empresas extranjeras.

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