El Gobierno girará fondos para atender a los comedores: quiénes los manejarán y cuál es el monto

Desarrollo Social no logra cubrir la demanda de los comedores por la falta de proveedores y trabas en la cadena logística. Por ello, se derivarán los recursos a entidades que se encargarán de repartirlos en los sectores más vulnerables.

El escándalo de sobreprecios en la compra de alimentos de primera necesidad para distribuir entre la población más vulnerable dejó secuelas en la administración de la emergencia alimentaria, ya presente entre los estratos más bajos de la población, que sufre con más rigor las consecuencias económicas que va dejando a su paso la pandemia de coronavirus.

Luego de que el Gobierno dispusiera precios máximos de referencia para la adquisición de bienes destinados a conformar bolsones de comida para distribuir entre los sectores vulnerables, la cartera de Desarrollo Social lanzó nuevos procesos de compra que, lejos de cumplir el objetivo, quedarán parcialmente vacantes ya que no halló suficientes proveedores para cubrir el armado de 1.700.000 kits alimentarios. Solo algunos rubros alcanzaron alto porcentaje de cobertura, como leche y fideos.

Ocurre que las empresas se niegan a trabajar con los precios fijados de antemano, que consideran atrasados al actual contexto, o bien exigen garantías de pago a corto plazo para cubrir la demanda, a sabiendas que verán el dinero varios meses más tarde. En momentos de emergencia, el dilema parece insalvable y por eso el Gobierno eligió privilegiar las transferencias de dinero antes que ejecutar una logística engorrosa y que choca de frente a la realidad de un aumento de los alimentos que solo en abril fue del 3,2%:

Dos ejemplos grafican esta situación: por primera vez en su historia, las iglesias evangélicas aceptaron que el Estado nacional les transfiriese fondos para cubrir la demanda alimentaria que detectan en el Gran Córdoba. Todo el procedimiento, con la contratación de mayoristas, transportes y entrega quedó a cargo de esta organización religiosa, a la que giraron aproximadamente $ 10 millones.

También esta semana, el PAMI y la ANSeS definieron pagar un bono de $ 1600 por única vez para 540.000 jubilados y pensionados con falencias alimentarias a cuenta de los bolsones que solían recibir a través de los centros barriales para la tercera edad. La titular de la obra social estatal, Luana Volnovich, reconoció problemas logísticos para entregar los productos, que de por sí venían disminuyendo por falta de presupuesto y encarecimiento.

Frente a este escenario, la cartera conducida por Daniel Arroyo viene acentuando la descentralizacion de fondos para provincias y municipios como uno de los cinco esquemas desarrollados para cubrir la asistencia alimentaria. Solo en abril, Desarrollo destinó $ 500 millones a otras jurisdicciones para la compra y distribución de comida y artículos de higiene y limpieza, y promete dobar el presupuesto en mayo.

A su vez, la tarjeta AlimentAR, que poseen 1.500.000 familias vulnerables, fue recargada en el contexto de la pandemia para asegurar que los padres de niños menores de seis años puedan llevar un plato de comida a la mesa. A partir de la pandemia, se pasó de pago mensual a semanal, y este miércoles se acreditó un refuerzo de $ 4000 o $ 6000 según la cantidad de hijos. Esto resulta en una inversión mensual de unos $ 7600 millones.

Asimismo, unos 3000 comedores reciben transferencias directas del ministerio de Desarrollo para la compra descentralizada de insumos. Estos centros de contención social en barrios populares de todo el país, al igual que los comedores escolares, verán un incremento del 50% interanual de los fondos.

Pese a todas las promesas, varias organizaciones sociales salieron a expresar su preocupación ante la posibilidad de que los comedores comunitarios tengan que cerrar sus puertas por la falta de asignación de mercadería y la imposibilidad de hacer frente a la demanda. Entre ellas, Barrios de Pie blanqueó el problema y planteó ante las autoridades de Desarrollo Social que está llegando menos de la mitad de las cantidades habituales de alimentos, en un contexto social en el que se ha triplicado la demanda.

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