El Congreso alista su 2019 entre el juego defensivo y la agenda de género

El Gobierno anticipa que convocará a extraordinarias en febrero por temas pendientes. Pero en el Parlamento no hay certezas sobre si habrá consensos

De las pocas cosas que aparecen claras sobre el Congreso 2019, se destacan tres: en medio del año electoral las sesiones escasearán; el oficialismo planteará un año de juego defensivo ante el seguro reagrupamiento peronista; y la agenda de género volverá a ser insoslayable para los legisladores. Así lo analizaron oficialistas y opositores consultados por El Cronista sobre las previsiones del último año legislativo del mandato de Mauricio Macri.

"Yo no veo forma de aumentar el número en el Congreso. Veo más riesgo de que caiga que de que suba. El 2019 va a ser la defensa total. Todos colgados del travesaño", graficó un encumbrado diputado de Cambiemos que pidió reserva de su nombre pues su pronóstico no es alentador para el oficialismo.

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La legalización del aborto volverá al centro del debate legislativo en 2019

La contracara de esas previsiones pasan por la actualidad del peronismo: con dificultades, algunos de los sectores en los que hoy se divide el espectro justicialista en la Cámara de Diputados terminarán reunidos. Ya lo anunciaron los integrantes del Frente Renovador y del bloque Justicialista, que responde a los gobernadores: quieren marchar hacia la unidad de sus bancadas. Casi al revés de lo que pasa en el Senado, adonde el bloque de Miguel Pichetto muestra cada vez más dificultades para permanecer unido.

Paradójicamente, los dos escenarios son negativos para Cambiemos: la unión peronista en Diputados y la desunión en el Senado atentaron en las últimas semanas de 2018 contra la agenda que impulsaba el Poder Ejecutivo. Así, quedaron en el tintero dos de los proyectos que la Casa Rosada esperaba aprobar durante las sesiones extraordinarias de diciembre: la iniciativa para tipificar los delitos de violencia en el fútbol y el proyecto para modificar la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y permitir los aportes de empresas privadas a la campaña electoral.

A ese resultado hay que agregarle un detalle que no pasó inadvertido para observadores expertos de los pasillos del Congreso: la fortísima división que mostró el interbloque oficialista a la hora de negociar, defender e intentar aprobar la llamada "Ley Anti Barras" en Diputados. Una división que quedó expuesta en su total dimensión cuando la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos, se esforzaba en absoluta soledad por sostener la iniciativa y evitar que la oposición impusiera su mayoría para devolverla a comisiones, mientras sus compañeros de bancada la miraban en silencio. El peronismo finalmente logró su objetivo en una votación en la que, en vez de votar junto al resto del interbloque que integra, el jefe del bloque PRO, Nicolás Massot, se abstuvo.

Peor suerte corrió el proyecto de financiamiento electoral: por las divisiones en el bloque de Pichetto, Cambiemos no pudo ni siquiera llegar a ponerlo en el temario de la última sesión.

Ese Congreso agitado y fragmentado debería recibir, si se cumplen los pronósticos oficialistas, el anteproyecto de un nuevo Código Penal, que el presidente Mauricio Macri presentaría en la apertura de sesiones legislativas, el 1 de marzo. Si finalmente se cumple esa fecha, el proyecto estará entrando al Congreso casi un año más tarde de lo anunciado originalmente por el Ejecutivo.

La discusión del Código reabrirá otro debate que quedó latente en el Congreso desde agosto: la discusión por la (des)penalización del aborto. Según el borrador que se conoce del anteproyecto, ese texto mantendrá penas de prisión para las mujeres que aborten. Una propuesta que los movimientos de mujeres y los legisladores que respaldaron la legalización del aborto buscarán modificar para reinstalar el debate.

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