Devaluación 2018: gasíferas reclaman al Estado $ 3000 millones

La Argentina vive una nueva crisis por la devaluación pos-electoral, que llevó al dólar a superar los $ 60 en agosto.

Pero cuando los efectos que causó ese golpe recién se empiezan a sentir en la población, todavía no se terminaron de cerrar las batallas económicas por el salto del tipo de cambio de 2018.

Las distribuidoras de gas reclaman al Estado más de $ 3000 millones -de acuerdo al cálculo de un directivo- por la disparada del dólar entre abril y septiembre del año pasado, que dañó sus cuentas al tener ingresos en pesos (tarifas reguladas) y costos principalmente en dólares (el gas).

Es por conceptos que quedaron afuera de los más de $ 21.000 millones que asumió como deuda el Estado a través del Decreto 1053/2018, en el que el Gobierno se hizo cargo de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) para no trasladarle los costos de la devaluación a los usuarios.

El intento de hacer ese "pass through" le costó, meses más tarde, el puesto de secretario de Energía a Javier Iguacel -según dicen conocedores del sector- y provocó un tembladeral político a mediados de octubre de 2018.

El concepto de DDA fue incluido en las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución de gas (RBLD), pensadas en 1992 con la convertibilidad peso-dólar.

Como el entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren, calculó para el período abril-septiembre 2018 un dólar promedio de $ 20,345, la devaluación de fines de abril hizo añicos esas cuentas.

Los usuarios pagaron el gas más barato en dólares de lo que originalmente estaba planeado y a las distribuidoras no les alcanzó para hacer frente a los costos del producto.

En concreto, las empresas agrupadas en la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), una organización en la que por volúmen de clientes pesan más Metrogas, Naturgy -ex Gas BAN-, Camuzzi y EcoGas, solicitaron a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que se les reconozca una deuda por la diferencia entre el gas efectivamente vendido a los usuarios finales y el total del gas comprado a las productoras -las petroleras-.

El Gobierno avaló el consumo de los usuarios pero no los otros conceptos. Fuentes oficiales sostienen que "eso queda en una discusión comercial entre las empresas".

Los conceptos que quedaron afuera son el gas retenido o combustible (utilizado para las plantas de compresión de las transportistas) y el gas no comercializado.

Por ejemplo: para entregar 100 m3, una distribuidora debe adquirir unos 110 m3 en las distintas cuencas de producción (Neuquina, Noroeste, Golfo San Jorge, Austral).

Ese 10% -que para las empresas que están más cerca de los pozos es menor- representa un costo para las gasíferas, que no fue reconocido por el Estado cuando asumió las DDA.

Las productoras de gas apoyan el reclamo de las distribuidoras, ya que son quienes perciben en última instancia el dinero.

Las empresas agrupadas en la Adigas, una organización en la que por volúmen de clientes pesan más Metrogas, Naturgy -ex Gas BAN-, Camuzzi y EcoGas, solicitaron a la Secretaría de Energía y al Enargas que se les reconozca una deuda por la diferencia entre el gas efectivamente vendido a los usuarios finales y el total del gas comprado a las productoras -las petroleras-.

El pasado lunes 16, mediante la Resolución 554, el Enargas postergó hasta el 15 de octubre el plazo para la adhesión al régimen por el que las distribuidoras y las productoras percibirán a partir del mes que viene los más de $ 21.000 millones de DDA en 30 cuotas mensuales. Estas diferencias las terminaría de pagar el Estado recién en septiembre de 2022.

El plazo original, fijado en la Resolución 466 del Enargas -publicada en agosto-, fue del 15 de septiembre, pero fue pospuesto a pedido de petroleras como la estatal chilena ENAP Sipetrol y Pluspetrol y las distribuidoras de EcoGas.

Para el próximo deadline, el Gobierno espera que las distribuidoras y productores se pongan de acuerdo entre ellas y finalicen el conflicto, contó a El Cronista el gerente comercial de una compañía.

Una posible solución sería que las distribuidores le paguen el impacto de la devaluación en el IVA a los productores en la misma cantidad de cuotas que paga el Estado la DDA (serían 30) y, como contraparte, las petroleras olviden el impacto del gas retenido y no contabilizado.

En ese caso, el Gobierno no tendría que transferir fondos para un sector golpeado financieramente por la devaluación.