Debate de vices: se esfuman las posibilidades de realizarlo pese a la insistencia de Cambiemos

El oficialismo emprendió en los últimos días la tarea de forzar por todos los medios un debate de candidatos a Vicepresidente, al estilo de los que por ley deben realizar los aspirantes a Presidente. El objetivo: arrastrar a Cristina Kirchner a la cancha, que hable, opine y así intentar arrancar algún voto más entre los espantados. Pero, en línea con las posibilidades de Juntos por el Cambio de dar vuelta el resultado de las PASO, la posibilidad de ver a los compañeros de fórmula en un intercambio verbal es débil.

Primero se intentó por la vía parlamentaria. El diputado Fernando Iglesias y la senadora Silvia Elías de Pérez, ambos oficialistas, presentaron esta semana proyectos de ley en ambas Cámaras para que los candidatos a vicepresidente estén obligados a debatir antes de las elecciones generales. Aunque la iniciativa tiene pocas chances de prosperar, de avanzar sería virtualmente imposible que pueda regir para el actual periodo electoral.

Hoy Juntos por el Cambio se asomó a la vía judicial. El candidato a vicepresidente de ese espacio Miguel Ángel Pichetto envió una nota a la Cámara Nacional Electoral – el tribunal es el encargado de organizar el debate de candidatos a presidente – para que se "habilite la instancia de debate público preelectoral entre los candidatos a Vicepresidente de la Nación de las diversas fórmulas".

En la carilla que presentó ante el tribunal consideró "un imperativo de todo régimen representativo y democrático de gobierno, otorgar a los candidatos la oportunidad de exponer sus ideas y proyectos para el futuro del país" y agregó que la ciudadanía debe poder evaluar no solo a los postulantes a Jefes de Estado sino también a sus segundos.

Además de Cristina y Pichetto, un eventual debate contaría con la presencia deJuan Manuel Urtubey (Consenso Federal), Cynthia Hotton (NOS), Luis Rosales (Despertar) y Romina del Plá (Frente de Izquierda-Unidad).

Fuentes judiciales apuntaron a El Cronista que el pedido de Pichetto excede las obligaciones del tribunal. Según la ley 27.337 sancionada en 2016 que instaura como obligatorio el debate de candidatos a presidente de todas las fórmulas es la CNE quien debe organizarlo y deja la posibilidad de un intercambio entre aspirantes a vice a que "exista voluntad de realización" entre éstos.

En 2015, al no existir ley, las fuerzas acordaron junto a organizaciones de la sociedad civil llevar adelante un debate. Como último recurso a Juntos por el Cambio le queda la posibilidad de aunar fuerzas con el resto de los frentes y consensuar un debate de vices, en una jugada que podría forzar al Frente de Todos a sumarse.

Aún con el consenso, en el tribunal apuntan a una falta de recursos para llevarlo adelante. El Poder Ejecutivo dispone 24 millones de pesos para realizar los tres debates presidenciales (dos previos a los comicios generales y uno ante una eventual segunda vuelta) que son girados a Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.), encargada de digitar la transmisión.

A la par la CNE convocó a un Consejo Asesor a fines de 2018 con representantes del ámbito civil y académico comprometidos con los valores democráticos para cooperar con la organización. El miércoles pasado se convocó por primera vez a los representantes de los candidatos quienes deberán definir siempre por consenso los temas que se abordarán, el formato del debate y hasta quiénes serán los moderadores.