Coparticipación, 'bramido federal' y autonomías

Como ocurre en los países subdesarrollados, las reformas en torno a las distintas problemáticas se ponen sobre el tapete en circunstancias de catástrofe o emergencia. Lamentablemente, no se trabaja pensando en soluciones de mediano y largo plazo. En general, las medidas son efectistas y con tintes electorales. Sucede en todos los órdenes. Y Argentina es un claro ejemplo de eso.

En relación a la coparticipación, un tema sensible que ha exhibido discusiones internas en cada uno de los espacios políticos, desde la reforma de la Constitución hasta aquí, los giros automáticos a las provincias y a los municipios han sido manipulados por el poder central de acuerdo a la coyuntura política y al gobierno de turno, con una clara discrecionalidad política.

Ahora mismo volvió a debatirse por la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, dejando de lado un proyecto integral de reforma de todo el sistema de coparticipación. Está claro que limitar la discusión a la presunta "opulencia" de la Ciudad, confirma que las intenciones son más bien políticas e ideológicas que económicas y financieras.

Bien podría haber cedido la Nación un punto de la coparticipación para la Provincia de Buenos Aires, así como también otras provincias que aún hoy continúan funcionando como feudalismos en pleno siglo XXI, avaladas por el poder central.

Indudablemente, este escenario agrava las asimetrías entre lo que cada provincia produce y recauda, y obliga a reformar estructuralmente el sistema y a implementar las autonomías y la descentralización de recursos de una vez y para siempre.

Así como parece poco razonable que en el 2% del territorio se concentre el 60% de la población de un país, mientras el restante 40% se distribuye entre otras 23 provincias, tampoco parece atinado buscar la solución en la división de la provincia de Buenos Aires si no se cambia, además, la raíz del sistema. Lo urgente es dotar de recursos a los municipios a través de las autonomías para que puedan gobernar y hacer frente a la demanda diaria de sus vecinos en todas las áreas.

La descentralización de los grandes núcleos urbanos hacia el interior es otra discusión que requiere antes de un plan a largo plazo en el que se contemple un desarrollo productivo, laboral y educativo con más y mejores oportunidades en pos de evitar la diáspora de quienes viven en esos lugares y se van a la Ciudad o el Gran Buenos Aires para estudiar o conseguir trabajo. Dicho esto, es claro que ambos proyectos deben coexistir y que la descentralización urbana no atenta, en lo absoluto, contra la implementación de las autonomías. Por el contrario, se trata de cuestiones complementarias.

En rigor, es obvio decir que un intendente no se limita a la gestión del ABL. Los alcaldes se hacen cargo de la seguridad y la salud, en muchos casos de manera casi aislada, con poca colaboración provincial y/o nacional. Un ejemplo concreto; el 70% de los hospitales bonaerenses son municipales. En materia de seguridad, muchos móviles de la policía bonaerense se encuentran operativos gracias al mantenimiento que proviene de las arcas municipales, desde la reparación hasta el combustible, para que salgan a patrullar las calles.

Sin embargo, los recursos con los que cuentan los municipios, ya sea por recaudación propia o por los giros de Nación y provincia, no contemplan estas cuestiones en su totalidad. Como se dice, el síndrome de la "frazada corta". Las asignaciones específicas de fondos destinados a infraestructura escolar, de seguridad o salud, son apenas una ayuda simbólica que no soluciona el problema de fondo.

La hipertrofia federal, o el "gigantismo" bonaerense, como lo llaman algunos, no se soluciona, entonces, con la división del territorio sino con la descentralización de recursos y la institucionalización de las autonomías. No hay otro camino. Si los dirigentes políticos -todos- no nos ponemos de acuerdo en esto, demostraremos que el sistema no está diseñado en pos de mejorarle la calidad de vida a la gente, sino para mantener privilegios y concentrar poder.

Con un gobierno que dice distribuir la riqueza, este no debería ser un problema. Sin embargo, muchos insisten, porfiadamente, en mantener todo como está, buscando consolidar el poder omnímodo. Desde lo discursivo, parece haber un amplio consenso. Ahora urge materializarlo. Mientras tanto, avanza un bramido federal que, en clave política, podría traducirse en un reeditado y peligroso "que se vayan todos".

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