Control de precios: qué podrán hacer y qué no los intendentes

Los municipios podrán fiscalizar los precios mientras los comercios estén abiertos. También podrán clausurar locales preventivamente y pedir el auxilio de fuerzas de seguridad, pero no podrán ejecutar las multas.

El Gobierno reglamentó las facultades que tendrán los intendentes que lleven adelante inspecciones en comercios para controlar los precios y los stocks de mercaderías en el marco de las medidas adoptadas ante la situación generada por el coronavirus. Lo hizo a través del decreto 351/2020 en el que "convoca" a los municipios a fiscalizar los comercios.

Los empleados municipales podrán inspeccionar los comercios y locales industriales en horas de funcionamiento, además de solicitar a jueces órdenes de allanamiento si pretenden controlar en momentos en que el establecimiento del presunto infractor esté cerrado. 

No obstante, no podrán juzgar la pena por las infracciones, dado que esa facultad seguirá siendo exclusiva de la Secretaría de Comercio.

En caso de hallar una irregularidad, los municipios labrarán un acta en el que detallarán la infracción al comerciante, que podrá preparar su defensa del caso en los 10 días hábiles siguientes. Dentro de los cinco días hábiles posteriores, la Secretaría de Comercio dictará la resolución definitiva.

En caso de que lo requiera, la medida habilita a los funcionarios municipales a:

  • Pedir el auxilio de la fuerza pública
  • Secuestrar libros contables y "todo elemento relativo a la administración" por hasta 30 días hábiles.
  • Clausurar preventivamente el establecimiento por hasta tres días hábiles si fuera "indispensable" para la investigación. La Secretaría de Comercio puede extender el cierre 30 días hábiles adicionales.
  • Intervenir e inmovilizar mercaderías que el comercio retenga con el fin de a "reducir la oferta".
  • Citar a los presuntos infractores a prestar declaración dentro de los días posteriores a la notificación de la falta.
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