Centros privados de salud advierten que, si no hay medidas, el sistema colapsa

La federaciones de Prestadores y de Trabajadores de la Salud (FAPS y FATSA) advirtieron por por crítica situación del sector, que desde enero deja de recibir la asistencia de los ATP.

Los centros médicos privados quedarán al borde del colapso cuando, desde enero, dejen de recibir la asistencia económica del programa ATP. Al menos así lo plantearon en forma conjunta la Federación de Prestadores de Salud (FAPS) y el gremio de Trabajadores (FATSA) tras un encuentro que mantuvieron para analizar la crítica situación del sector, que atiende a 7 de cada 10 personas en el país y emplea a la mayoría de los profesionales y técnicos de la salud.

Tras la reunión, los representantes de empresas -FAPS está compuesto por clínicas, sanatorios, hospitales privados, clínicas de salud mental, geriátricos, laboratorios y empresas de emergencias, internación domiciliaria, diálisis, diagnóstico y atención ambulatoria- y los trabajadores advirtieron que si no se toman medidas urgentes, el sector no tendrá los recursos necesarios para poder atender normalmente a partir de enero de 2021. Y sostuvieron que trabajar en medidas económicas estructurales que den sostenibilidad al sector es "impostergable".

El sector viene sufriendo una crisis estructural desde 2002, cuando se declaró la Emergencia Sanitaria por primera vez. Desde FAPSA sostienen que más de 5500 empresas prestadoras de salud privada atraviesan una fuerte crisis agravada por los efectos de la pandemia, el abrupto aumento de costos, la finalización del Programa de Asistencia al Trabajo y la Prodfucción (ATP), ingresos congelados, altos costos en dólares de insumos e infraestructura y una fuerte presión tributaria por la que por cada $ 10 que ingresan pagan $ 4 de impuestos

La pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del Covid-19; el incremento de costos salariales para contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio , apuntó Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), una de las cámaras integrantes de la FAPS.

“Desde el inicio de la pandemia mantuvimos un diálogo constructivo con el Ministerio de Salud, el de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los trabajadores. En esas mesas de trabajo explicamos la problemática del sector. Si bien se implementaron el ATP y el decreto 300 hasta el 31 de diciembre, el gobierno decidió retirar toda la ayuda a partir de enero, situación que generará un colapso del sistema , agregó Cherro.

En reuniones con representantes del Gobierno nacional, la FAPS elevó distintas propuestas para alcanzar una solución a tiempo de esta crisis, como un aumento de las tarifas de los financiadores y un reordenamiento impositivo que "deje de ahogar al sector".

Y advirtieron que si no se definen soluciones inmediatas desde el Gobierno, los prestadores privados de salud deberán implementar mecanismos para priorizar la atención médica de acuerdo con su urgencia y complejidad, como consecuencia del faltante de recursos proyectado para 2021.

Desde la Cámara Argentina de Prestadores de Salud del Conurbano (Capresco) pidieron este lunes la continuidad del ATP hasta que se declare el fin de la pandemia y propusieron una excepción de ingresos brutos y de las tasas de seguridad e higiene. “Después de 9 largos meses, pero con la vacuna en el horizonte, valoramos y le pedimos al Estado nacional que continue con los ATP hasta que termine la pandemia. Ha sido un alivio para un sector que, ademas de haber disminuido ingresos como tantos de la economía nacional, ha visto incrementado sus costos y su demanda , explicaron desde la entidad.

José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confederación Argentina de clínicas Sanatorios y Hospitales Privados (Confeclisa), señaló por su parte: “Los prestadores privados de todo el país entendimos que tenemos que trabajar juntos para poder motorizar las soluciones que necesita nuestro sector. Generamos miles de puestos de trabajo, invertimos en el país y le damos salud al 70% de la población. En el interior, la situación es crítica debido a que la mayoría de las empresas son pymes y no tienen espalda para afrontar esta crisis. Muchos prestadores no pueden pagar cargas sociales desde el 2002 y acumulan deudas millonarias con el Estado .

Las entidades que conforman FAPS son Adecra, Confeclisa, Cedima (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio); Cepsal (Cámara de Entidades Prestadoras de Salud); Cadime (Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico), AAEG (Asociación Argentina de Establecimientos Geriátricos), Cacep (Cámara Argentina de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y FEM (Federación de Cámaras de Emergencias Médicas y Medicina Domiciliaria).

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