Buscan que las cuotas alimentarias que se fijan tras la separación se actualicen por inflación

La diputada Margarita Stolbizer, del GEN/ FA UNEN, anunció hoy que presentó un proyecto para modificar la ley que impide la actualización de la cuota alimentaria que se fija para los niños de padres separados. Stolbizer propone la modificación del art. 7 y el 10 de la ley de Convertibilidad, la 23.928,  con el objetivo de establecer una excepción específica aplicable a las obligaciones alimentarias.

“Le ley de Convertibilidad 23.928 dictada en el año 1991 estableció en su artículo 7 la prohibición de indexar o actualizar las deudas monetarias por cualquier causa o modo. Por otra parte, en su artículo 10, declaraba derogadas todas las normas legales o convencionales que de cualquier modo autorizaran o previeran la indexación o actualización de deudas monetarias. Años más tarde, la ley de emergencia económica 25.561, sucesivamente prorrogada y hoy vigente, actualizó la redacción de esas dos normas, pero mantuvo expresamente la prohibición de la actualización o indexación”, advirtió la legisladora mediante un comunicado. 

Recordó que durante la vigencia de la convertibilidad se dio por supuesto que el pago en pesos convertibles a dólares en la paridad 1 a 1, mantenía el valor de las obligaciones dinerarias. Luego de la finalización de la vigencia del régimen de convertibilidad se mantuvo la prohibición de la actualización de todo tipo de obligación monetaria, lo que cerró el camino a la posibilidad de actualizar los pagos de la obligación alimentaria, ya fuera pactada entre las partes o fijada por un juez.

“La gran cantidad de litigios existentes en los tribunales vinculados a la fijación y aumento de cuotas alimentarias demuestran la dificultad de llegar a estos acuerdos entre las partes para lograr el ajuste de la cuota”, dice Stolbizer.

La idea de la diputada es que el valor de la obligación alimentaria no se deprecie por el tiempo y “que su actualización no se convierta en un conflicto reiterado entre los padres, ante el problema del alza de precios, que lleve a una desaconsejable litigiosidad que lastima la relación familiar, perjudica al menor y aumenta el número de trámites judiciales, en forma innecesaria".