Adiós al protocolo Bullrich: dejarán de castigar las amenazas a políticos en redes sociales

El ministerio de Seguridad dictó una nueva resolución para limitar el ciberpatrullaje. Salvo excepciones, las expresiones violentas contra figuras públicas ya no serán interpretadas como delitos de intimidación pública.

El Gobierno nacional derogó el protocolo de “ciberpatrullaje sancionado en 2018 durante la gestión de la exministra Patricia Bullrich a cargo de la cartera de Seguridad y lo reemplazó por una nueva resolución que descarta la criminalización de usuarios y organizaciones según las opiniones y expresiones que verten en las redes sociales.

Según detallaron fuentes del ministerio que ahora conduce Sabina Frederic, el protocolo anterior era “arbitrario e inespecífico porque no prohibía una serie de prácticas persecutorias que derivaron en causas judiciales.

Bajo el “protocolo Bullrich , la Policía y otras fuerzas federales o locales demoraron y apresaron en su mayoría a jóvenes que habían expresado, en redes sociales, su rechazo al Gobierno con expresiones violentas o cargadas de odio.

Uno de ellos, Nicolás Lucero, de 20 años, fue detenido y llevado a juicio con el cargo de “intimidación por tuitear “Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la Federal junto a un video de la hinchada de Chacarita cantando el hit “Mauricio Macri la p(…) que te parió . La Justicia lo absolvió.

El nuevo protocolo, según dejaron entreve desde el Gobierno, defiende la libertad de expresión y opinión, y anula la imputación de expresones en redes sociales como delito de intimidación pública. Establece el monitoreo de las redes sociales para prevenir la comisión de ataques informáticos, la trata de personas, el levado de dinero, el engaño pederasta (grooming), las extorsiones sexuales, y el tráfico de medicamentos adulterados o apócrifos.

La resolución firmada por Frederic circunscribe la vigencia del ciberpatrullaje al tiempo en el que perdure la emergencia sanitaria, y establece la conformación de una mesa intersectorial que tendrá por tarea promover el debate para la posterior sanción de una ley por el Congreso.

Según detalla la resolución, la normativa se ajusta a recomendaciones y normativas internacionales en materia de prevención del ciberdelito, y recupera todas las observaciones hechas por los organismos nacionales.

Quienes realicen estas tareas también estarán obligados a informar inmediatamente al poder judicial sin retener la información recabada, y a su vez deberán ser capacitados para estas tareas.

Aunque la nueva normativa apunta a garantizar la libertad de expresión, el CELS, la Fundación Via Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) rechazaron la confección de un nuevo protocolo por considerar que se trata de tareas de inteligencia ilegal, y demandaron que el Congreso discuta y adopte una ley al respecto.

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