Acusaciones y llamadas de último momento: las horas en que se enfrió la relación entre el Gobierno y Vicentin

La compañía tiene todo listo para iniciar una demanda judicial y frenar el plan oficial de expropiación. Del otro lado, desde Casa Rosada sostienen que el proyecto "sigue vivo" y que en los próximos días llegará al Congreso.

Si hasta el jueves por la tarde la idea del Gobierno era mostrar un clima de cierta cordialidad entre Casa Rosada y la agroexportadora Vicentin, tras el encuentro que ese mismo día el presidente Alberto Fernández mantuvo con los accionistas de la compañía, esa idea se cayó a pedazos.

Allí el Gobierno ratificó su intención de continuar con su plan de intervención y expropiación, y los directivos se retiraron con una certeza. Así como Fernández sostiene que "el único camino posible" es expropiar, en Vicentin entienden que, a esta altura, la única vía factible es recurrir a la Justicia.

Según confían en el mundo agropecuario, la santafesina ya tiene todo muy aceitado como para hacer una presentación esta misma semana. Y no iría solo contra la expropiación de la empresa, sino también contra la intervención, un proceso que ya arrancó. Mientras tanto, el Gobierno avanza con el proyecto que le permitirá expropiar la empresa.

Previo a la reunión en Olivos en Vicentin todavía confiaban en que estaban a tiempo de quitar del maso la carta de la expropiación. Pero se encontraron con una postura firme.

Tal como lo había hecho el martes vía telefónica, el Presidente le comunicó que la expropiación estaba en marcha y que "era necesaria". Incluso, volvió a mencionar que Vicentin era una empresa quebrada, a lo que los empresarios advirtieron que eso no era cierto, sino que se encuentra "concursada".

Y si hasta antes del encuentro en Vicentin había al menos una mínima expectativa de que se hablara de una vuelta atrás, una vez que se retiraron de Olivos la posibilidad de recurrir a la Justicia ganó la pulseada.

Aunque las fuentes consultadas también afirman que ese grado de positivismo no debió haber existido. El martes por la tarde una comitiva oficial encabezada por el subinterventor de la empresa, Luciano Zarich viajó a Santa Fe para comenzar el nuevo proceso. Y por orden de los propios dueños de Vicentin no pudieron ingresar, poniendo más tensión al tema.

Para que no ocurriera lo mismo y poder comenzar a tomar control de la empresa, desde el Gobierno se contactaron con sus abogados para hacer una propuesta. Que dejaran ingresar a los funcionarios –cosa que ocurrió el miércoles de la semana pasada- y que el jueves Fernández recibiría a los accionistas en Olivos. "Eso alimentó algún tipo de expectativa pero evidentemente no había ya nada para discutir", comentaron las fuentes consultadas por El Cronista.

El panorama hoy es más claro y en Vicentin no piensan en otra cosa más que en armar una estrategia para ir a la Justicia, algo que podría ocurrir esta semana.

Del lado del Gobierno, la postura es no retroceder. Dentro del oficialismo, el kirchnerismo es quien hoy más apoya la idea de ir por este camino, que pareciera ya ser definitivo.

Según afirman desde ese espacio a El Cronista, el proyecto que habilitaría la expropiación de la compañía "está totalmente vivo", y se presentará en los próximos días.

Aunque no precisan en qué momento, sostienen que "hay algunos detalles que se están definiendo", y que una vez pulido eso se enviará al Congreso. Sin embargo, antes buscarán no quedar expuestos. El bloque de Frente de Todos no cuenta con mayoría propia en Diputados, por lo que por estas horas se encuentran en la búsqueda de voluntades para que el proyecto no sufra sorpresas inesperadas.

"El tema del proyecto tiene dos aristas claves, que van más allá de las convicciones políticas. Por un lado, ya anunciada la intención de expropiar, retroceder podría tener un costo alto. Y por el otro, si se presenta en el Congreso y no se tiene la certeza de que saldrá, el riesgo de dar un paso en falso es importante", confió la fuente.

El Gobierno basa su avanzada en que Vicentin acumula una deuda de u$s 1350 millones, de los cuales $ 18.000 millones corresponden a préstamos con el Banco Nación, que jamás fueron cancelados.Además, le debe $ 1814 millones al Banco Provincia.

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