A los arrepentidos, el blanqueo los libera de las penas tributarias

Los empresarios arrepentidos en el caso de los cuadernos K no sólo podrían liberarse de condenas por el pago de coimas, si en el juicio oral los jueces a cargo interpretan que ayudaron sustancialmente a la investigación de funcionarios, sino que también podrían quedar exceptuados en materia de delitos tributarios y económicos, gracias a un beneficio que otorgó el blanqueo de capitales de 2016, que es el "bloqueo fiscal", por el cual la AFIP no puede investigar delitos anteriores a 2015 si los empresarios o sus empresas ingresaron al beneficio de buenos contribuyentes.

Como el blanqueo era para dinero no registrado, producto de evasión impositiva, pero no para dinero "sucio", como llaman los expertos, a los fondos provenientes de lavado de dinero, corrupción y otros delitos expresamente enumerados en la Ley de Sinceramiento, en principio se podría caer, pero no en todos los casos.

El blanqueo no se caería para los empresarios arrepentidos o no que pagaron coimas, a raíz de la aparición de pagos de dinero ya no evadido sino "sucio", dado que lo entregaron, no lo recibieron.

Por otro lado, la Ley de Sinceramiento previó un "bloqueo fiscal" por el que la AFIP no puede investigar los ejercicios anteriores a 2015, si las declaraciones juradas de ese año de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales fueron confeccionas con la información verdadera de la situación fiscal del interesado y éste se acogió al beneficio de "buen contribuyente".

Los funcionarios públicos no se verán afectados en materia de blanqueo porque tenían expresamente prohibido ingresar al sinceramiento.

Los únicos que podrían verse perjudicados si blanqueron fondos y se prueba que recibieron dinero "sucio" por provenir de la corrupción o porque lavaron dinero para funcionarios corruptos, todo ello prohibido de ingresar al sinceramiento fiscal, serían los intermediarios y testaferros de los funcionarios.

Los tributaristas consultados, que prefirieron manifestarse en off-the-record, coincidieron en que los escenarios que se dieron en las empresas para cubrir el retiro del dinero destinado a coimas, que entró limpio por pago de obra pública por el Estado, y salió sucio al ser destinado a cohecho, fueron los tres siguientes:

-Las compañías compraron facturas apócrifas a usinas dedicadas a proveer estos documentos, y simularon operaciones ilícitas dentro del devenir normal de la empresa. En este caso la AFIP puede perseguirlas, pero no por el blanqueo, sino por el delito de evasión agravada por el uso facturas apócrifas. Pero el organismo recaudador se tiene que apurar porque el delito prescribe a fin de año, según los tributaristas.

-No compraron facturas apócrifas, caso en el que se abren dos posibilidad que constituyen el mismo delito y tienen la misma posible solución sólo para algunos casos. Pudieron hacer figurar el dinero para coimas como retiro de fondos a favor de los directores de la sociedad, o hacer figurar en los estados contables que sigue en la caja, aunque de hecho ya no está en la empresa. En ambos casos, se trata del delito de balance falso.

Pero los empresarios y las empresas que optaron por cualquiera de estas dos formas del ilícito todavía pueden quedar liberados si ingresaron al beneficio de buenos contribuyentes, y por lo tanto al bloqueo fiscal, ya que esta figura se aplicaba tanto para personas humanas como para sociedades.

En el caso de las facturas apócrifas, el agravamiento de las penas puede llegar a que la condena de prisión no sea excarcelable, dado que esa pena será de 3 años y 6 meses a 9 años de cárcel, cuando se verificare que en la evasión medió la utilización total o parcial de facturas apócrifas.

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