Quién es el diputado kirchnerista que quiere volver a las retenciones móviles y qué replicó el campo

El diputado nacional por el Frente de Todos, Leopoldo Moreau, planteó la necesidad de avanzar en el esquema de derechos de exportación, aplicando retenciones móviles a los granos para que "los alimentos no sigan aumentando".

A través de un posteo en Twitter el histórico dirigente radical devenido en kirchnerista, avivó un debate que en las últimas semanas levantó voces en contra de parte los productores agropecuarios, que cuestionan la legalidad de la aplicación de ese impuesto a las exportaciones. 

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"En los últimos días han vuelto a subir fuerte en el mercado internacional y local los precios del trigo, el maíz, la soja y el sorgo. Por más vueltas que sigan dando, sino le dan a Feletti la herramienta de las retenciones móviles segmentadas los alimentos seguirán aumentando", aseguró Moreau.

Qué dijeron los dirigentes agropecuarios

La respuesta llegó rápidamente de parte Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien rechazó este miércoles la iniciativa de un sector del oficialismo de aplicar retenciones móviles para frenar los precios de los alimentos, entendiendo que una medida así no tiene "sustento legal".

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"Las retenciones no tienen sustento legal y la inflación no es culpa de la suba de los alimentos", sostuvo el dirigente ruralista. El foco de los productores hoy es que la potestad del Gobierno para aplicar retenciones cayó a fin de año, al no sancionarse el proyecto de Presupuesto 2022, incluyendo una prórroga de la emergencia económica, que habilitaba los derechos de exportación. 

La respuesta de Pino también fue por Twitter: "Hoy las retenciones no tienen sustento legal y el Congreso es quien tiene que fijar los impuestos. La Sociedad Rural recurrió a la Justicia porque se necesita un orden institucional. Los alimentos suben por la inflación y el precio de las materias primas no es determinante", indicó.

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Cuál es la posición del Gobierno

No es la primera vez que un dirigente oficialista se refiere a la suba de retenciones o incluso a las retenciones móviles, que fueron el origen del enfrentamiento del Gobierno con el campo, a partir de marzo de 2008, cuando se firmó la Resolución 125.

En varias oportunidades, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se manifestó a favor de incrementar las retenciones y crear fideicomisos para contener los precios en el mercado interno y siempre cosechó la oposición de los productores agropecuarios.

En concreto, Feletti pretende fijar alícuotas más altas de retenciones para el maíz, el girasol y el trigo.

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Por ahora el Ejecutivo subió las alícuotas de 31 a 33% para derivados oleaginosos, harina y aceite de soja, con el fin de constituir un fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo para las panaderías.

Ya en febrero pasado, la Sociedad Rural Argentina había presentado un amparo en los Tribunales Federales de Córdoba para que no se sigan cobrando las retenciones hasta tanto el Congreso Nacional determine sobre la cuestión impositiva.

Para la entidad ruralista el cobro de las retenciones ya no es legal, porque el 31 de diciembre de 2021 terminó la vigencia de las facultades extraordinarias que la Ley de Solidaridad Social otorgaba al Poder Ejecutivo, y que no fueron prorrogadas.