Efectivos policiales allanan la sede de Independiente, en Avellaneda, a raíz de una orden del juez Gabriel Vitali, del juzgado de garantías N°8 de Lomas de Zamora, al frente de la causa que investiga presuntos lavados de activos del exvicepresidente de la entidad Noray Nakisy su conexión con la barra comandada Pablo “Bebote Álvarez.
Según la causa, se presume que la entidad de Avellaneda se hacía cargo de la cuota social de los integrantes de la barra liderada por Álvarez para blanquear ese dinero alterando los sistemas informáticos.
Durante el operativo realizado en Avenida Mitre 470, los efectivos secuestraron todo tipo de material contable y computadoras porque el objetivoes también localizar los soportes informáticos relacionados con la emisión de bonos y entradas para los encuentros.
El 30 de noviembre pasado, Nakis fue detenido por la madrugada acusado de integrar una “asociación ilícita que era supuestamente liderada por “Bebote .
La denuncia fue impulsada por Juan Manuel Lugones, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreVide).
Los procedimientos estuvieron a cargo de fuerzas conjuntas del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Policía Federal.
Además de Nakis y Álvarez, la Justicia también investiga el proceder de otras 20 personas.
El magistrado Vitali fue quien autorizó el allanamiento, que está a cargo de la fiscalViviana Giorgi.
Algunos rumores sostienen que Álvarez habría declarado en calidad de arrepentido y habría afirmado que existía un presunto lavado de activos entre la institución y la empresa a cargo de realizar los canjes de entradas y bonos por Internet.
Bebote está detenido desde el 27 de octubre pasado, luego de pasar tres días prófugo y entregarse a la Justicia.
Contra el líder de la barra de Independiente aparecen los cargos de privación ilegítima de la libertad, extorsión y amenazas, tras haber abordado el vehículo del director técnico, Ariel Holan, y su ayudante.
A raíz de ese incidente, el entrenador y su familia cuentan actualmente con custodia policial permanente.
Un mes más tarde, la Justicia realizó 32 allanamientos y detuvo a más de 20 personas acusadas de ser parte de una asociación ilícita liderada por el propio Álvarez.
