Viernes  14 de Febrero de 2020

Argentina y el FMI: un historial de crisis y deudas

Argentina y el FMI: un historial de crisis y deudas

La relación entre la Argentina y el FMI arrancó en 1956 bajo el régimen de Pedro Eugenio Aramburu, quien fue el primero en buscar una asistencia financiera con la organización, recibiendo u$s 75 millones. 

Aramburu terminó su gestión dejando una deuda valuada en u$s 1.100 millones, que tras el paso de Arturo Frondizi se convirtieron en u$s 1.800 millones en 1962 y luego en u$s U$S2.100 millones al finalizar el Gobierno de facto de José María Guido.

La participación del organismo internacional claramente no se detuvo ahí, sino que también siguió teniendo una fuerte participación durante la dictadura militar, realizando varios desembolsos de millones de dólares. Para que nos demos una idea, comparado con años anteriores, fue en esta etapa en que comenzó el real salto de deuda, llegando a multiplicarse por 6 en pocos años, más precisamente, pasando de u$s 7.000 millones en 1976 a u$s 42.000 millones en 1982.

Aunque no se tiene muy presente, en vuelta a la democracia, bajo casi el final del gobierno de Ricardo Alfonsín, Argentina cerró un acuerdo stand by con el fondo, siendo negociado por el ministro Juan Vital Sourrouille y José Luis Machinea (entonces presidente del BCRA).

Ya en 1991, bajo el primer gobierno de Carlos Menem, el FMI aprobó la convertibilidad, el plan económico diseñado por el caudillo riojano y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, para terminar con la hiperinflación. El peso se ancló al dólar, lo cual se acompañó de un agresivo plan de privatizaciones y achicamiento del Estado. En esta etapa, el presidente del organismo de crédito internaciona, Michel Camdessus tuvo una gran participación con Argentina, al visitar el país en varias ocasiones y habilitando recurrentes programas financieros para el Gobierno. Hay que recordar algo importante en esta etapa, sí bien Menem y Camdessus tenían buena relación con Cavallo se oponía tajantemente a utilizar los fondos del FMI para resolver los problemas económicos del país.

Ya a fines de la primer presidencia de Menem, en 1995, se estima que la deuda del Estado llegaba a u$s 87.091 millones y para cuando Cavallo fue reemplazado por Roque Fernández, en julio de 1996, ya era de u$s 90.472 millones.

El 10 de marzo de 2000, con el nuevo presidente Fernando De la Rúa, se concretó un nuevo acuerdo de stand by. En esta época, el contexto internacional había pasado importantes situaciones que pusieron en jaque a la economía mundial, como fueron la crisis asiática, el colapso de la deuda rusa y la intensa crisis en Brasil. Yendo al escenario internacional, se abandonaba un modelo económico responsable de reducir considerablemente la inflación, la convertibilidad. Es justo decir que sí bien la convertibilidad acabó con la inflación, también terminó generando un contexto de gran deuda pública y elevado déficit público. Es obvio, al quitarle al estado la herramienta monetaria, lo único que le queda es la política fiscal.

En este nuevo contexto y con el blindaje y el megacanje de por medio, ingresaron a la Argentina por parte del FMI u$s 48.000 millones. Este desembolso acarró ciertas condiciones y una de ellas era la Ley de Déficit Cero. Todos sabemos cómo terminó esto con el paso de los meses: corralito, corralón, default de u$s 140.000 millones y una gran crisis nacional. Al punto que terminaría renunciando a su mandato el presidente De la Rúa y comenzaría una semana para el olvido, donde cinco presidentes tomarían y dejarían el poder en menos de 11 días.

Sí bien para después de todo esto, el FMI ya era prácticamente odiado por el pueblo argentino, el país recibió dos ayudas posteriores a la renuncia del expresidente De la Rúa, una en 2002 y otra en 2003. Específicamente, en 2003 firmaron los últimos créditos stand by por u$s 2.174 millones y u$s 8.900 millones.

Luego de todas estas situaciones realmente dramáticas que sucedían a inicios del nuevo siglo, en 2006 Néstor Kirchner decidio no seguir con el programa del FMI, el cual requería grandes recortes en materias fiscales, y decidieron pagar u$s 9.500 millones al contado. Desde ese momento, el FMI levantó sus oficinas del país y no se volvió a pedir un crédito hasta el gobierno de Mauricio Macri.

Cabe destacar que sí bien no se pidió préstamos al FMI, se solicitaron varios créditos internacionales a tasas muy superiores a las ofrecidas por el organismo. Una de las más llamativas fue el crédito que Venezuela la concedió a Argentina a una tasa del 14% anual.

Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el FMI censuró a Argentina debido a la falta  estadísticas transparentes, cómo era el caso del IPC elaborado por el Indec

En 2016 y bajo el gobierno de Macri, Argentina aceptó retornar a las revisiones anuales del FMI, suspendidas desde 2006. Ya para 2018, Christine Lagarde,  directora del organismo, visitó Buenos Aires con el fin de entrevistarse con Macri y “revisar” la situación macroeconómica del país. Si bien inmediatamente después de este encuentro no se habló de realizar un acuerdo, la grave crisis de “fuga de capitales” que atravesó el país en 2018 terminó generando las condiciones necesarias para que el país volviera a depender del FMI para solventar sus cuentas públicas.

En 2018, Argentina recibió un préstamo por u$s 56,300 millones por parte del organismo (el préstamo más grande de su historia), de los cuales desembolsó unos 44.000 millones, al Gobierno de Mauricio Macri ante la profundización de la crisis económica por la devaluación del peso y una masiva fuga de capitales.

Al día de hoy y bajo el mandato de Alberto Fernández, el país atraviesa nuevamente una crisis de pagos. Solo en este año, el Gobierno deberá afrontar pagos en dólares y en pesos de u$s 52.000 millones, un 13% del PBI. Ante esta situación, la calificadora de riesgo Moody’s atribuye a nuestro país un perfil fiscal débil, carga de deuda elevada y un bajo acceso al crédito. “El perfil fiscal argentino es altamente vulnerable a los shocks, y la trayectoria se verá afectada por la incertidumbre alrededor de las políticas económicas que implementará la próxima administración”.

La reestructuración de la deuda sin duda alguna es el tema principal a resolver para el país, ya que será un fuerte condicionante para nuestro economía y marcará los pasos a seguir.

La relación entre Argentina y el FMI carga un historial bastante largo y caótico. Esperemos que esta situación sea la excepción y podamos salir de esta crisis de deuda de la mejor manera posible y sin perder la confianza de los mercados. 

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