El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, recientemente transformado en Agencia, suma dos nuevos inmuebles en su poder. Ahora, pasará a controlar dos unidades ubicadas en Concordia, provincia de Entre Ríos, que antes estaban en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
La medida fue comunicada hoy por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a en el Boletín oficial a través de la resolución 514/2019 y lleva la firma del presidente del organismo, Ramón Lanús, y su vicepresidente, Pedro Villanueva.
Ambos inmuebles se encuentran en un edificio sobre la calle Carlos Pellegrini, en la localidad de Concordia. Uno de ellos, de 25,02 metros cuadrados, se encontraba en desuso, mientras que el otro, de 101,75 metros cuadrados de superficie, estaba ocupado por una familia.
Los dos departamentos habían pasado a la órbita de la ANSeS cuando tomó a su cargo la administración del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). En tanto, esta último absorbió las funciones de la disuelta Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria a partir de 1991.
Ahora, las unidades funcionales pasaran a funcionar para la Dirección Nacional del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De acuerdo a lo informado por la cartera comandada por Germán Garavano, los inmuebles mencionados se destinarán, justamente, a dicho programa.
El último día hábil de noviembre, el Gobierno introdujo algunas modificaciones que le dieron mayor peso al Poder Judicial en la implementación del programa. Además de elevarlo al rango de Agencia, brindándole mayor autonomía, también introdujo un Consejo Consultivo, el cual estará presidido por el titular de la Cámara Federal de Casación Penal.
Si bien la resolución 514 aún lo nombra como Programa, el decreto 795/2019, que modificó la ley n° 25.764, determinó que todo el personal y los bienes asignados a su funcionamiento serán transferidos directamente a la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
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