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VIERNES 24/05/2019

Ley de Góndolas: Una propuesta incomprensible e inoportuna

ALEJANDRO DÍAZ

CEO de AmCham.

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Ley de Góndolas: Una propuesta incomprensible e inoportuna

En las últimas semanas hemos asistido con preocupación al desarrollo vertiginoso de un proyecto de ley nacido en Diputados bajo el pretendido objetivo de dotar a los consumidores de una mayor cantidad de bienes a precios "más accesibles". Sin embargo, detrás de las buenas intenciones los resultados no siempre son positivos para los consumidores ni para el desarrollo de las inversiones y la protección de la empleabilidad.

Del mismo modo que ocurrió en épocas pasadas cuando se implementaron medidas de control férreo sobre las relaciones de consumo, lejos se estuvo del objetivo de proteger al consumidor al generarse otros efectos no deseables como la escasez de productos en exhibición, incremento sustancial del costo de los productos alcanzados y la pérdida de rentabilidad de los supermercados y proveedores, los cuales terminaron finalmente trasladándose directamente al consumidor.

La llamada ley de góndolas es uno de estos casos, nacido de premisas y caracterizaciones erróneas del mercado, a partir de las cuales se derivan propuestas normativas completamente distorsivas y negativas para el desarrollo de la actividad privada en el país. Es así que al permitirse por la vía legislativa una situación de intromisión que atenta lisa y llanamente contra la libre oferta y provisión de bienes, bajo pretexto de facilitar y garantizar las condiciones de libre competencia entre los establecimientos de consumo masivo y sus proveedores, se configura en un obstáculo a la radicación de nuevas inversiones y en una intromisión ilegítima del Estado en el accionar de las empresas que deberían basar sus relaciones en el marco del derecho privado y librado exclusivamente a sus políticas comerciales o de abastecimiento que estas determinen libremente.

Si bien, es importante materializar marcos regulatorios que perfeccionen y generen un ámbito de mayor igualdad para el consumo, entendemos que es imperativo señalar el impacto negativo que la eventual sanción del proyecto generará en el ambiente de negocios de la Argentina, la cual atenta no solo contra garantías básicas consagradas de nuestra Carta Magna como el ejercicio de la industria licita, el comercio, el uso y disposición de la propiedad; sino que también abre la puerta a controversias internacionales por ir contra aquello a lo que la República Argentina se ha obligado en tratados internacionales de jerarquía constitucional que ordenan la relación de nuestro Estado con la Organización Mundial de Comercio y el MERCOSUR en resguardo del principio de "igualdad de trato" para mercancías importadas respecto de las producidas en el país.

Entre las consecuencias más alarmantes se destacan:

El aumento de precios (por mayores costos de reposición y pérdida de eficiencia en el proceso de abastecimiento); la pérdida de puestos de trabajo; la reducción significativa de la disponibilidad de producto en góndola por tener menos espacio los productos de mayor demanda, la revisión de las inversiones en aperturas y expansiones, la evaluación de modelos de negocios. Estos factores que se asocian finalmente al incremento de la informalidad con el perjuicio que esto acarrea sobre las cuentas del Estado y la competencia desleal.

Sería conveniente que nuestros legisladores tomaran conocimiento de los riesgos involucrados. Sabiendo primero que: de los 10 mayores empleadores privados del país, 4 son cadenas de retail. Si tomamos estimaciones de las principales cadenas de comercialización de productos de consumo masivo de Argentina, basado en la restricción del espacio de góndola máximo de entre un 30-40% en las categorías básicas del sector almacén, los impactos serian:

- Pérdida de Empleo/Riesgo (cantidad de puestos de trabajo): 5.000 - 7.000

- Aumento de costos laborales sobre el total de costos del retail: 12%

- Aumento de precios de venta final al público requerido en los productos de consu-mo masivo esenciales: 10% a 12%.

Con el firme propósito de elevar una alternativa superadora en línea con las buenas practicas aceptadas globalmente, consideramos importante resaltar que muchos mercados promueven la autorregulación de las relaciones de consumo de esta cadena de valor y la firma de acuerdos de buenas prácticas entre los supermercados y sus proveedores, dejando en manos del sector privado la optimización del funcionamiento del sector minorista, en función de las experiencias y prácticas que ellos mismos conocen. Iniciativas como estas, son el perfecto complemento para leyes que ya integran nuestro plexo normativo como la de Defensa de la Competencia, Protección del Consumidor y Competencia Desleal.

Con el criterio de contribuir en función de nuestra visión a la elaboración de un marco regulatorio consensuado que contribuya a generar nuevas oportunidades para el pueblo argentino, nos vemos en la necesidad de advertir sobre las posibles consecuencias negativas que este proyecto traerá sobre los consumidores, el empleo, las empresas y el país en su conjunto.

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