Prohíben a los trapitos y agravan penas contra la ocupación pública

La Legislatura aprobó un texto para penar a los cuidacoches o limpiavidrios y sancionar a quienes provoquen "ruidos molestos" en la vía pública. La oposición denunció un avance discrecional en el accionar policial. La bancada de Carrió quebró la unidad del bloque oficialista

La Legislatura porteña aprobó este jueves modificaciones al Código Contravencional vigente desde 2004 con nuevas normas y endureció las penas contra los que ofrecen el cuidado de vehículos en las calles, a la vez que agravó las penas contra quienes ocupan el espacio público, sea con una actividad lucrativa, artística o política, según las interpretaciones que barajaron los distintos bloques.

El despacho de mayoría, impulsado por el oficialismo, justificó los cambios en pos de "lograr una buena y eficiente regulación del espacio público en pos de la prevención y tratamiento de los conflictos urbanos". Pero los bloques opositores acusaron al Ejecutivo de promover un "incremento de la discrecionalidad" en la manera de proceder de la Policía, y de instrumentalizar la perspectiva de género ya que se incrementan las penas cuando la víctima es mujer.

La propuesta aprobada con la mayoría oficialista de "Vamos Juntos" modifica el artículo 84 del Código Contravencional y sanciona con uno a cinco días de trabajos comunitarios o multas de hasta $ 26.775 (1500 unidades fijas o "UF") a quienes ofrezcan o presten "servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios".

Con el objetivo de atacar "las mafias del fútbol", la norma aprobada establece el arresto de cinco a 15 días cuando se demuestra una "organización previa" y la actuación en fines de semana en radios de hasta 30 cuadras de los estadios de fútbol y otros espectáculos masivos. Los jefes de las bandas podrán quedar detenidos hasta 60 días, y de comprobarse un vínculo con las instituciones deportivas, habrá multas de hasta hasta $ 178.500 (10.000 UF) y clausura de las instalaciones.

Hacia el final de las negociaciones, el oficialismo aprobó incluir la mención que las penas alcanzarán a quienes actúen "sin autorización legal", lo cual abre la puerta a una eventual aprobación de un registro de trapitos, atendiendo a aquellos que subsisten de las propinas por fuera de la lógica del negocio.  

Ruidos Molestos y pegatinas

La Legislatura también aprobó sanciones de uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multas de hasta $ 178.500 para el "perturbe el descanso o la tranquilidad pública" mediante "ruidos que por su volumen, reiteración o persistencia excedan la normal tolerancia". Si los ruidos provienen de la vía pública (con excepción de las "manifestaciones artístico culturales a la gorra" y "todas las actividades culturales que cuenten con permiso de la administración pública"), la sanción podrá alcanzar hasta diez días de trabajo $ 357.000 (200 UF) o arresto de uno (1) a cinco (5) días."

A su vez, el Legislativo aprobó sancionar con $ 89.250 (5000 UF) a quienes peguen carteles en la vía pública "persiguiendo fines de lucro", y específicamente a quienes "hagan distribuir o coloquen" carteles, volantes o afiches que tengan por objeto la promoción explícita o implícita de la oferta sexual. La pena fijada es de cinco a 30 días de arresto y clausura de los comercios o locales referenciados hasta por 20 días.

Los partidos de Izquerda en el recinto criticaron duramente ambas iniciativas. Myriam Bregman (FIT) y Gabriel Solano (PO) acusaron al Ejecutivo de perseguir la protesta social y de dejar a criterio de la Policía qué es un ruido molesto o un afiche en infracción, lo cual interpretaron como un intento de frenar las expresiones partidarias. 

"Ahora resulta que nos van a castigar por pegar afiches, pero el Jefe de Gobierno se puede gastar $ 1600 millones en publicidad oficial, con la que hace campaña", lanzó Bregman. Solano, en tanto, interpretó que "reforzar a la policía no terminará con los trapitos, sino que elevará el monto de las coimas".

El recinto de sesiones, durante el debate de este jueves
A discreción policial

La ley habla de la "coacción directa", lo cual avala a la Policía de la Ciudad a actuar como "jueces", según la interpretación que hizo en el recinto el legislador Leandro Halperín (Evolución), ex subsecretario de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de la gestión de Larreta.

La norma habilita a los efectivos al uso de la fuerza y la detención de personas que reinciden en una contravención en un plazo de 72 horas. "Esto constituye al Policía en juez, quita el derecho a la defensa y vulnera el artículo 18 de la Constitución", resumió Halperín. 

Según el texto, se aprueba a la Policía para "utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria adecuada a la resistencia y proporcional con el mal que se quiere hacer cesar". Por esta expresión, el bloque de Martín Lousteau rechazó en particular este apartado, que de todos modos fue obtuvo aprobación.

Como contó El Cronista, la semana pasada el fiscal general de la Ciudad, Luis Cevasco, autorizó a los efectivos de seguridad a detener a trapitos y manteros por "resistencia a la autoridad" y actuar de oficio indicando este delito que el Código Penal estipula en 15 días a un año de prisión.

Fin de año tenso en el oficialismo

El presidente del bloque de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, a instancias de Elisa Carrió, rechazó los artículos referidos a los trapitos y a la "coacción directa" por reincidencia. En la votación a particular de estos artículos, Vamos Juntos perdió cuatro apoyos de los "lilitos".

"Nos hubiera gustado una mayor comprensión de la Jefatura de Gabinete para encontrar acuerdos y no encerronas. Acompañamos en general, pero en lo que tiene que ver con los limpiavidrios y cuidacoches, nos encontramos ante un tema controvertido, porque si bien hay mafias, también hay personas sin recursos en zonas sin conflictividad, que dependen de esto para una supervivencia económica", dijo Ferraro.

El alfil porteño de Carrió dijo que la Coalición Cívica "no comparte el castigo del derecho penal de autor, es decir, penar a alguien por lo que es, y no por lo que hace", y advirtió que la propuesta emanada desde Parque Patricios "prohíbe el ofrecimiento de cuidado a cambio de propina, y por tanto pena los lazos sociales de solidaridad con la privación de la libertad, algo que es inaceptable".

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